En una decisión orientada a reforzar el control del sistema penitenciario, el Gobierno nacional formalizó una nueva estrategia de seguridad que habilita la detección y bloqueo de teléfonos celulares en cárceles federales, con el objetivo de desarticular redes delictivas que operan desde el interior de los establecimientos.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 336/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional y publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, marcando un endurecimiento del esquema de control sobre las comunicaciones intramuros.
El eje central de la normativa radica en la implementación de sistemas capaces de identificar y anular dispositivos móviles mediante el uso de códigos técnicos como IMEI e IMSI, lo que permitirá al Servicio Penitenciario Federal detectar equipos activos y bloquear su funcionamiento.
Según se desprende de la resolución, “la utilización de estos sistemas permitirá impedir que los internos coordinen delitos desde el encierro”, un fenómeno que en los últimos años se consolidó como uno de los principales desafíos en materia de seguridad pública.
La disposición lleva la firma de la ministra Alejandra Susana Monteoliva, quien impulsa una línea de gestión centrada en el uso de herramientas tecnológicas para el control del delito.
La medida se sustenta en la Ley 24.660, que regula las condiciones de detención en el país. Si bien la normativa garantiza el derecho de las personas privadas de libertad a mantener contacto con el exterior, prohíbe expresamente el uso de dispositivos móviles no autorizados.
En ese contexto, el Gobierno argumenta la necesidad de reforzar los controles frente al uso creciente de tecnología en la planificación de delitos, como extorsiones, estafas y operaciones de crimen organizado.
Desde el Ministerio de Seguridad se planteó que la iniciativa busca “prevenir, disuadir y neutralizar conductas delictivas gestadas intramuros”, consolidando al sistema penitenciario como un espacio de cumplimiento de condena y no como plataforma operativa para actividades ilegales.
La medida también retoma antecedentes normativos, como la resolución conjunta firmada en 2019 con el Ente Nacional de Comunicaciones, que ya habilitaba el uso de inhibidores de señal en contextos de seguridad.
Uno de los aspectos más sensibles de la normativa es su implementación operativa. La resolución instruye a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información a llevar adelante la adquisición, instalación y supervisión de los equipos, así como la aplicación de protocolos estandarizados.
Además, se establece una condición clave para evitar impactos colaterales: los sistemas deberán ajustarse para no interferir con las comunicaciones en zonas externas a los establecimientos, una problemática que en experiencias previas generó cuestionamientos.
En ese marco, también se aprobó un manual de procedimiento específico que fija criterios uniformes para la detección y bloqueo de dispositivos en todas las unidades del sistema federal.
Con entrada en vigencia inmediata, la medida marca un punto de inflexión en la política penitenciaria, incorporando la tecnología como herramienta central en la lucha contra el delito organizado.
El desafío, ahora, estará en la eficacia de su implementación y en el equilibrio entre control, legalidad y respeto de derechos.
