Denunciaron a Javier Milei por coacción, incitación a la violencia e injurias tras su discurso en el Congreso
POLÍTICA / JUDICIALES
Redacción
El presidente de la Nación, Javier Milei, fue denunciado ante la Justicia Federal por presuntos delitos de coacción, incitación a la violencia, injurias y violación a la Ley Antidiscriminatoria, a raíz de las expresiones que realizó durante su discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el pasado 1 de marzo.
La presentación judicial fue realizada en la provincia de Mendoza por el exdiputado nacional y actual legislador provincial José Luis Ramón, con el patrocinio del abogado Jorge Agustín Vicchi. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 1 de Mendoza.
Según el denunciante, las declaraciones del mandatario durante la ceremonia de apertura de sesiones del Congreso incluyeron agravios, descalificaciones e insultos dirigidos a legisladores de la oposición y a diversos sectores políticos y sociales.
Ramón sostuvo que las expresiones del jefe de Estado exceden los límites del debate democrático y constituyen un mensaje que podría interpretarse como intimidatorio.
“Los dichos del Presidente no forman parte del debate democrático, sino que constituyen amenazas, incitación a la violencia y ataques al honor de representantes elegidos por el voto popular y de todo aquel que piense distinto”, señaló el legislador mendocino.
El dirigente también remarcó que la gravedad de los hechos se acentúa por tratarse de manifestaciones provenientes del titular del Poder Ejecutivo.
“El Presidente no puede utilizar su investidura para amedrentar ni estigmatizar a quienes piensan distinto. Cuando desde el Poder Ejecutivo se naturaliza la agresión, se vulnera el orden constitucional y se debilita la democracia”, agregó.
Los delitos señalados en la denuncia
En la presentación judicial se argumenta que las expresiones del mandatario podrían encuadrarse en diversos tipos penales contemplados en el Código Penal.
Según el escrito, el delito de coacción se configura cuando se emplean amenazas con el objetivo de obligar a otra persona a realizar, omitir o tolerar un acto contra su voluntad.
En cuanto a la incitación a la violencia, el planteo sostiene que se trata de una forma de instigación pública que busca promover acciones agresivas contra personas, grupos o instituciones, incluso cuando el mensaje tenga el potencial de generar un riesgo real de violencia o discriminación.
La Justicia Federal deberá ahora analizar la denuncia y determinar si corresponde avanzar con la investigación.
