Bertolini ratificó que seguirá al frente del municipio tras los allanamientos y quedó a disposición de la Fiscalía
El intendente de Plottier, Luis Bertolini, confirmó este viernes que no renunciará a su cargo pese a la investigación judicial en su contra y a los ocho allanamientos realizados en Neuquén, Plottier y Cipolletti. “No voy a renunciar. Estoy 100% a disposición de la Fiscalía”, afirmó en conferencia de prensa.
El jefe comunal es investigado por presuntas irregularidades en el ejercicio de la función pública, en el marco de una causa que también involucra a la exvicegobernadora Gloria Ruiz.
“Hace más de un año que circulan rumores sobre una eventual renuncia. Primero por mi salud, después por distintas cuestiones. Fui electo por el 57% de la población y voy a continuar trabajando por esta ciudad”, sostuvo Bertolini, al tiempo que aseguró que la gestión “no se detiene”.
Los allanamientos y los ejes de la investigación
La investigación está a cargo del fiscal jefe Pablo Vignaroli y se inició a partir de una denuncia presentada a mediados de enero por un particular, en la que se advirtieron posibles delitos contra la administración pública.
Cinco de los procedimientos se realizaron en Plottier —incluyendo el edificio municipal, el área de Hacienda, el despacho del intendente y su domicilio particular—, dos en Neuquén capital y uno en Cipolletti. El objetivo fue el secuestro de documentación y material fílmico para su análisis.
El primer eje de la causa gira en torno a un decreto firmado por el intendente mediante el cual se eximió del pago de tasas municipales a contribuyentes del barrio privado Los Canales durante el primer semestre de 2025.
Según el fiscal, la medida podría configurar un abuso de autoridad, ya que la Carta Orgánica establece que el único órgano habilitado para otorgar exenciones tributarias es el Concejo Deliberante. Además, la Fiscalía observó que la aplicación habría sido desigual, dado que no todos los propietarios del mismo country recibieron el beneficio pese a encontrarse en iguales condiciones. “Lo más grave es que la excepción la otorgó un órgano que no está facultado para hacerlo”, advirtió Vignaroli.
El segundo eje de la investigación se vincula con la contratación de una empresa privada para la ejecución de obras públicas. La denuncia sostiene que podría existir una negociación incompatible con la función pública, debido a que uno de los socios de la firma Valco sería hijo de la subsecretaria de Hacienda municipal, Gladys Ramírez.
La Fiscalía confirmó que la empresa pertenece a dos personas —entre ellas López, hijo de la funcionaria— y que no tendría CUIT habilitado. Además, se detectaron contratos firmados a nombre de Pedro Vilches, quien facturaba con la denominación Valco, lo que, según la hipótesis fiscal, podría haber buscado “dar apariencia de legalidad” y evitar una contratación directa con una persona vinculada a la funcionaria.
Los delitos bajo análisis son administración fraudulenta contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. No se descarta que la investigación pueda ampliarse a otros funcionarios que hayan intervenido en las decisiones.
Los próximos pasos judiciales consisten en el análisis del material secuestrado, incluidos teléfonos celulares, para determinar eventuales imputaciones formales.
Qué dice la Carta Orgánica y quién asumiría
El escenario político también depende de la interpretación de la Carta Orgánica de Plottier. El artículo 38 establece que ante la vacancia definitiva del cargo —por renuncia, destitución, muerte o inhabilidad— y cuando resten menos de dos años de mandato, debe asumir la presidencia del Concejo Deliberante hasta completar el período.
Actualmente, la titular del Concejo es Malena Resa, electa por unanimidad en febrero del año pasado. Sin embargo, las autoridades del cuerpo se renuevan cada febrero, por lo que una eventual definición judicial posterior podría modificar el escenario institucional.
El artículo 79 contempla la suspensión preventiva del intendente cuando exista imputación por delito doloso y el juez dicte auto de procesamiento. En ese caso, el Concejo debería disponer la suspensión sin goce de haberes con el voto de dos tercios de sus miembros. Una condena firme implicaría destitución automática; en cambio, un sobreseimiento o absolución habilitaría la restitución inmediata.
Entre los concejales existen posiciones divergentes: algunos sostienen que corresponde aplicar la suspensión ante una imputación formal; otros advierten sobre un eventual trasfondo político y anticipan que no acompañarían esa medida.
Por el momento, la continuidad institucional del Ejecutivo municipal dependerá del avance de la investigación y de las decisiones judiciales que se adopten en las próximas semanas.
