En una decisión de alto impacto institucional, el Gobierno nacional formalizó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y dispuso el traspaso de todas sus funciones al Ministerio de Salud, cartera que conduce Mario Lugones. El anuncio fue realizado este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de un clima de fuerte cuestionamiento público tras la filtración de audios que involucraron al exfuncionario Diego Spagnuolo.
La medida, según indicaron fuentes oficiales, venía siendo evaluada desde hace meses a partir de la detección de múltiples irregularidades administrativas y operativas dentro del organismo, creado en 2017 como ente descentralizado para coordinar políticas públicas vinculadas a la discapacidad.
Desde Casa Rosada remarcaron que la decisión no implica la eliminación ni el recorte de prestaciones, ni tampoco la interrupción del pago de pensiones. “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni absolutamente ninguna prestación”, subrayó Adorni, al intentar despejar temores ante el alcance del anuncio.
Durante la conferencia de prensa, el jefe de Gabinete fue especialmente crítico del funcionamiento histórico de la ANDIS.
“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir. Durante años, y amparada en una autonomía administrativa mal utilizada, acumuló capas de burocracia, descontrol y manejos incompatibles con una política pública transparente”, afirmó.
Adorni enumeró una serie de irregularidades detectadas, entre ellas el cobro de pensiones por parte de familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin documentación respaldatoria, médicos que avalaban trámites sin sustento clínico y organizaciones que facturaban servicios que no prestaban.
Como ejemplo, mencionó el caso de la Fundación METAS, que declaraba brindar clases de apoyo escolar, pero cuyas instalaciones —según la auditoría oficial— eran una vivienda precaria sin servicios básicos.
“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”, detalló el funcionario.
El traspaso de la política de discapacidad al Ministerio de Salud apunta, según el Gobierno, a establecer mecanismos de control más estrictos, auditorías permanentes y criterios sanitarios unificados para la evaluación de prestaciones y expedientes.
“Se va a garantizar la trazabilidad, habrá auditorías constantes y se eliminará la discrecionalidad”, sostuvo Adorni.
La reestructuración incluye además una reducción significativa de la estructura jerárquica, con la eliminación de 16 cargos políticos, lo que representa un recorte del 45,7% en los niveles directivos del área.
Desde el Ejecutivo nacional insisten en que la medida busca ordenar, transparentar y sanear el sistema, en un contexto donde el Gobierno de Javier Milei avanza con una política de reducción del Estado, focalizada —según su discurso— en eliminar intermediaciones y estructuras consideradas ineficientes.
