Tras el reproche público de Figueroa, el intendente Madueño vetó el aumento a la planta política
La controversia por el incremento salarial aprobado para los funcionarios políticos de Junín de los Andes derivó este lunes en una intervención política directa del gobernador Rolando Figueroa y en una rápida rectificación institucional: el intendente Luis Madueño anunció el veto a la ordenanza que habilitaba una fuerte recomposición de sueldos para la planta política municipal.
El episodio se produjo luego de que el mandatario provincial expresara públicamente su “malestar” por la decisión del Ejecutivo y el Concejo Deliberante local, en un contexto económico que —según remarcó— exige austeridad, responsabilidad fiscal y coherencia política, especialmente en municipios que dependen de asistencia provincial para el pago de salarios.
“Estoy muy molesto con los que no sintonizan con lo que está pasando hoy”, afirmó Figueroa en declaraciones periodísticas, al referirse explícitamente al caso de Junín de los Andes. El gobernador subrayó que se trata de un municipio que recibe aportes mensuales de la Provincia, estimados en 500 millones de pesos, para poder afrontar el pago de sueldos.
“Hablo específicamente del intendente de Junín de los Andes, que se da un aumento en un contexto que no tiene nada que ver con lo que estamos propiciando”, sostuvo el jefe del Ejecutivo provincial, al cuestionar que se avance en subas salariales para funcionarios políticos mientras la comuna requiere asistencia permanente.
El mensaje político y el veto
Figueroa planteó además que quienes consideran insuficientes sus ingresos deberían haber evaluado esa situación antes de asumir responsabilidades públicas. “Si pensaba que ganaba poco, se hubiera dedicado a otra cosa”, expresó, en una de las frases más duras del día.
El gobernador señaló que el aumento aprobado constituía un error político, aunque aclaró que el intendente aún estaba “a tiempo de solucionarlo”. Horas más tarde, durante un acto oficial compartido en la localidad, Madueño confirmó el veto a la ordenanza, dando marcha atrás con la medida.
El episodio se dio en una jornada de fuerte presencia provincial en Junín de los Andes, que incluyó la entrega de 50 viviendas y el anuncio de una licitación para la pavimentación de 76 cuadras, lo que reforzó el mensaje de respaldo institucional de la Provincia hacia la comunidad, pero no hacia la decisión salarial.
La defensa del municipio
Antes del veto, el municipio y el Concejo Deliberante habían difundido un comunicado conjunto para justificar la ordenanza, en el que argumentaron que se trataba de una recomposición salarial postergada durante varias gestiones, amparada en distintos artículos de la Carta Orgánica Municipal.
Según el documento oficial, los salarios de la planta política se encontraban “sin recomposiciones desde muchas gestiones de gobierno” y la actualización fue posible “tras el saneamiento de las cuentas municipales”, bajo criterios de responsabilidad funcional y formación profesional.
La grilla salarial difundida indicaba que el intendente Madueño pasaría de percibir un salario neto de 3,8 millones de pesos a 6,2 millones, lo que representa una suba cercana al 64%. El viceintendente accedería a un incremento similar, mientras que los concejales pasarían de 2,3 millones a 3,5 millones, con una suba del 51%.
Austeridad como línea política
El conflicto dejó expuesta una línea de tensión interna dentro del espacio político que lidera Figueroa, quien impulsa un discurso de orden fiscal y contención del gasto público como eje central de su gestión. La decisión de Madueño —referenciado en el partido Comunidad— de vetar la ordenanza aparece así como un gesto de alineamiento político frente al mensaje del Ejecutivo provincial.
El caso reabre el debate sobre salarios de la dirigencia, autonomía municipal y dependencia financiera, en un contexto de ajuste, expectativas sociales sensibles y fuerte escrutinio público sobre el uso de los recursos del Estado.
