El aumento salarial del 80% que el intendente Luis Madueño y los concejales de Junín de los Andes se otorgaron a sí mismos generó malestar en el Gobierno de la provincia del Neuquén, que considera la medida como una clara ruptura con los principios de austeridad impulsados por la gestión del gobernador Rolando Figueroa.
El descontento no sólo se manifestó en la comunidad local, sino también en los niveles más altos del Ejecutivo provincial, donde el enojo fue calificado como indisimulable. Según trascendió, hubo llamadas directas a la intendencia en las que se expresó con contundencia que la prioridad deben ser las obras y los servicios para la comunidad, no los incrementos para la planta política.
Una decisión que va a contramano del discurso oficial
El incremento salarial fue aprobado por unanimidad el viernes pasado, en vísperas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y alcanza tanto al intendente como al viceintendente, concejales y funcionarios políticos. Para el Gobierno provincial, el momento elegido y el porcentaje del aumento contradicen abiertamente la política de cuidado extremo de los recursos públicos que Figueroa puso en marcha desde el inicio de su gestión.
En la Casa de Gobierno recuerdan que el gobernador redujo la planta política, eliminó gastos superfluos, ordenó la devolución de celulares oficiales, canceló alquileres de camionetas, revisó contratos de obra y cerró todo circuito que pudiera implicar fuga o despilfarro de fondos públicos. “Hizo lo que prometió”, señalan cerca del Ejecutivo, y por eso el episodio de Junín genera tanto rechazo.
Según los números que trascendieron, con la recomposición aprobada:
El sueldo del intendente superaría los 6,2 millones de pesos.
El viceintendente alcanzaría los 5 millones.
Los funcionarios municipales, más de 3,7 millones.
El vicepresidente del Concejo Deliberante, más de 4,3 millones.
Los concejales, alrededor de 3,7 millones de pesos.
Desde el municipio justificaron la medida en la necesidad de “restablecer el principio de jerarquía institucional y equidad salarial”, argumentando que los sueldos de la planta política habían quedado por debajo de los del personal permanente con menor responsabilidad.
Para evitar el término “aumento”, la ordenanza creó el Adicional General “Función Política”, definido como remunerativo y no bonificable, aplicable a toda la planta política electiva y no electiva.
Rumores de marcha atrás
La decisión levantó tal polvareda política en el sur neuquino que durante el fin de semana comenzó a circular la versión de una posible marcha atrás con el incremento, una alternativa que en el Gobierno provincial consideran “razonable”. Sin embargo, hasta el momento, no hubo confirmación oficial.
Si bien desde la Intendencia destacaron obras y acciones de gestión, en el Ejecutivo neuquino remarcan que gran parte de esas obras fueron financiadas por la Provincia, que no esperaba una decisión de este tenor por parte del municipio de Junín de los Andes.
