Reforma laboral y recorte estructural: Milei avanza sobre la cultura, el periodismo y el sistema de medios
El proyecto oficial elimina fondos específicos, desarma protecciones históricas y redefine el rol del Estado en comunicación y producción cultural
Nota central – Infogo Diario
El proyecto de reforma laboral enviado por el presidente Javier Milei al Congreso incorpora un capítulo poco visible pero de alto impacto estructural: un desfinanciamiento selectivo del sistema cultural y de medios, acompañado por la eliminación de marcos normativos que históricamente protegieron el ejercicio del periodismo y la diversidad informativa.
Lejos de una actualización integral del mercado laboral en la era digital, la iniciativa —compuesta por 197 artículos— avanza sobre gravámenes específicos, fondos de fomento y estatutos profesionales, con efectos directos sobre la producción audiovisual, el cine nacional, los medios públicos y comunitarios, y las condiciones laborales del periodismo.
Un rediseño regresivo del sistema
Especialistas en derecho laboral y comunicación coinciden en que el proyecto implica una transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital, mediante herramientas como la reducción de contribuciones patronales y la eliminación de fondos solidarios, debilitando al mismo tiempo la acción colectiva sindical y el derecho de huelga.
Según el investigador Luis Campos (CTA Autónoma), la propuesta erosiona pilares centrales del derecho laboral moderno y habilita retrocesos que impactan también en el derecho humano a la información y en el sistema democrático de medios.
La eliminación de los fondos culturales
Uno de los núcleos más sensibles del proyecto es la derogación de los gravámenes que financian la cultura y la comunicación pública. El texto propone desarticular los aportes que sostienen:
El funcionamiento de los medios públicos (radio y televisión)
🔹 La producción cinematográfica nacional
🔹 Los institutos del Teatro, la Música y el Cine
🔹 Los mecanismos de fomento a medios sin fines de lucro
En particular, se elimina el Fondo de Fomento Cinematográfico, establecido en los artículos 21, 22 y 23 de la Ley de Cine y administrado por el INCAA. Este fondo se nutre del 10% de la recaudación de las salas de cine, otro 10% de la comercialización de videogramas y un porcentaje proveniente del ENACOM.
Su supresión implica, en términos prácticos, dejar sin financiamiento a la producción de cine argentino, un sistema que requería reformas y modernización —como la incorporación de plataformas digitales— pero no su vaciamiento.
Un sistema sin asignación específica
La iniciativa también elimina los gravámenes a licenciatarios de radio y televisión, lo que deja sin efecto la distribución prevista en el artículo 97 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que asignaba los recursos recaudados de la siguiente manera:
🔹 25% al INCAA
🔹 10% al Instituto Nacional del Teatro
🔹 20% a los medios públicos
🔹 28% al ENACOM
🔹 5% a la Defensoría del Público
🔹 10% a proyectos especiales y medios comunitarios
🔹 2% al Instituto Nacional de Música
El abogado especializado en derecho a la información Esteban Lopardo advirtió que, de derogarse ese esquema, los organismos quedarían totalmente sujetos a transferencias discrecionales del Tesoro Nacional, sin garantía de continuidad ni autonomía financiera.
Fondos que se recaudan pero no se ejecutan
La situación no es meramente teórica. 2025 será el primer año desde 1994 sin aprobación de proyectos de producción cinematográfica, pese a que los fondos continúan recaudándose. Según información ya reconocida oficialmente, esos recursos están siendo retenidos y utilizados para operaciones financieras, como la compra de bonos.
En paralelo, el ENACOM admitió retener más de 13.000 millones de pesos correspondientes a fondos destinados a medios sin fines de lucro, que tampoco fueron distribuidos durante el último año.
El fin del Estatuto del Periodista
El segundo eje crítico del proyecto es la derogación del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), vigente desde 1946. Esta norma protege derechos vinculados a la libertad de expresión, la cláusula de conciencia, el acceso a las fuentes, la estabilidad laboral y los riesgos específicos del oficio.
Su eliminación representa un retroceso institucional de magnitud, al vulnerar el principio de no regresividad en derechos humanos, reconocido por la Corte Suprema y por tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional.
La norma no solo protege a los trabajadores de prensa, sino que constituye una garantía indirecta del pluralismo informativo, al limitar la capacidad del poder económico y político de condicionar líneas editoriales mediante despidos o presiones laborales.
Beneficio concentrado, costo sistémico
La reducción de gravámenes beneficia exclusivamente a los grandes grupos mediáticos con licencias, mientras que el efecto agregado es el desmantelamiento del sistema público y comunitario de comunicación, un proceso que —según especialistas— ya comenzó en diciembre de 2023.
Para algunos analistas, estas disposiciones podrían funcionar como moneda de negociación legislativa. Para otros, expresan una decisión más profunda: reconfigurar el sistema informativo bajo una lógica de mercado concentrado, sin mecanismos de equilibrio ni fomento público.
