El Concejo Deliberante de Cipolletti aprobó por unanimidad una ordenanza que habilita formalmente a las aplicaciones de transporte de pasajeros, como Uber, a operar dentro del ejido municipal, convirtiéndose en la primera jurisdicción del Alto Valle de Río Negro en establecer un marco normativo para un sector que ya venía funcionando de hecho.
La decisión, impulsada por el intendente Rodrigo Buteler (Juntos Somos Río Negro) y acompañada por su par de Bariloche, Walter Cortés, representa un cambio de estrategia en la región patagónica, donde hasta ahora la irrupción de estas plataformas había generado choques con los sectores tradicionales de transporte y vacíos regulatorios.
La nueva normativa modifica el Código de Transporte local, fija requisitos técnicos, legales y de habilitación para conductores y vehículos, y crea un registro obligatorio para las empresas que pretendan operar. La medida responde a un fenómeno ya instalado en la ciudad y a la necesidad de ofrecer seguridad jurídica y control estatal sobre un sistema de movilidad que había proliferado de manera informal.
Entre los aspectos exigidos, la ordenanza obliga a que las plataformas constituyan domicilio comercial en Cipolletti, presenten un registro completo de choferes habilitados, y que cada vehículo cuente con licencia municipal, seguro obligatorio y revisiones técnicas periódicas. Asimismo, se establecen plazos y condiciones para la actualización y renovación de habilitaciones.
Un giro en medio de tensiones y reclamos
La regulación se da en un contexto de debates prolongados sobre la legalidad de aplicaciones de transporte en la Patagonia. En varias localidades —incluida Neuquén, donde Uber sigue sin operar formalmente pese a ordenanzas municipales que habilitan plataformas digitales similares— el ingreso de estas empresas se ha topado con resistencias y postergaciones legislativas.
En Bariloche, por su parte, la presencia de Uber generó protestas de taxistas y remiseros, lo que llevó al municipio a suspender temporalmente su funcionamiento mientras se discute un marco regulatorio específico.
En este escenario, Cipolletti marcó un precedente al optar por incorporar a estas plataformas dentro de un régimen legal, bajo la premisa de que la informalidad existente exigía una respuesta normativa que protegiera tanto a usuarios como a trabajadores y garantizara condiciones equitativas de competencia.
Sin embargo, sectores del transporte tradicional mantienen reservas y advierten que la regulación debe nivelar estrictamente los requisitos para evitar ventajas desleales frente a taxis y remises, además de preservar estándares de seguridad.
La implementación práctica de la norma y su impacto en la movilidad urbana serán observados de cerca en los próximos meses, en un contexto donde la expansión de servicios digitales de transporte plantea desafíos regulatorios a gobiernos municipales y provinciales por igual.
