Cuadernos: confesiones empresarias expusieron un sistema de extorsión y retornos en la obra pública

El Tribunal Oral Federal N°7 reanudó este martes la lectura de la elevación a juicio en la causa conocida como “Cuadernos de las Coimas”, correspondiente al tramo denominado “La Camarita”, donde se investigan presuntos hechos de corrupción vinculados a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Durante la décima audiencia del debate oral —que se extendió por más de cuatro horas— se dio lectura a 83 fojas del expediente, en las que empresarios del sector de la construcción, en carácter de imputados colaboradores, describieron un esquema sistemático de presiones, recaudación ilegal y direccionamiento de contratos, según surge de sus declaraciones ante el fiscal Carlos Stornelli, luego homologadas por el entonces juez Claudio Bonadio.

Los testimonios de Patricio Gerbi, Aldo Roggio, Juan Chediak, Carlos Wagner y Marcela Sztenberg coincidieron en señalar que los pagos no respondían a aportes voluntarios, sino a condiciones impuestas para evitar sanciones administrativas, demoras en los cobros o la exclusión del mercado de la obra pública.

Presiones, amenazas y pagos periódicos
Patricio Gerbi, presidente de la constructora COARCO, sostuvo que las exigencias comenzaron tras la firma de contratos de concesión vial. Según relató, el entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, le transmitió que, por pedido del entonces presidente Néstor Kirchner, debían realizar aportes económicos regulares para evitar consecuencias negativas.

La negativa inicial —según su testimonio— derivó en inspecciones reiteradas, multas, retrasos en los pagos y amenazas explícitas. Gerbi declaró haber escuchado frases como “te voy a hacer fundir” o “me voy a quedar con tu empresa”, y admitió que finalmente comenzaron a entregar dinero en reuniones pactadas en bares y confiterías, con montos de entre 15.000 y 25.000 dólares por entrega.

Un esquema similar fue descripto por Juan Chediak, quien señaló exigencias directas del entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Según declaró, los pagos se realizaban tanto en el domicilio del ex funcionario como en dependencias del ministerio, donde incluso se le indicaba dejar los paquetes “en el baño”. Las sumas, afirmó, oscilaban entre 100.000 y 250.000 pesos mensuales.

Con el tiempo, el sistema se centralizó en la figura del financista Ernesto Clarens, quien, de acuerdo al testimonio, establecía una lógica binaria: “acá se es amigo o enemigo”.

Cartelización y retornos en la obra pública
El ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, aportó una descripción de carácter estructural. Señaló que, a partir de 2004, por directivas del Poder Ejecutivo, se implementó un mecanismo para coordinar licitaciones, definir ganadores y exigir luego la devolución de parte del anticipo financiero como retorno destinado a financiamiento político.

“La obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación”, sostuvo Wagner, quien indicó que los retornos representaban entre el 10% y el 20% del anticipo. Reconoció además que su empresa, ESUCO, participó del sistema y que su rol consistía en garantizar que quienes resultaban adjudicatarios cumplieran con los pagos exigidos.

Por su parte, Aldo Roggio admitió haber realizado aportes reclamados por Roberto Baratta, aunque aclaró que fueron con fondos personales y por montos inferiores a los solicitados. Reconoció entregas de entre 50.000 y 100.000 dólares, y justificó su accionar ante la “probabilidad evidente de represalias”. En ese contexto, definió al gobierno de entonces como de “neto corte autoritario”.

El impacto en las empresas y las familias
La empresaria Marcela Sztenberg, directiva de EQUIMAC, relató el impacto que las presiones tuvieron tanto en la empresa como en su entorno familiar. Señaló que su socio regresaba de las reuniones visiblemente afectado, asegurando que lo estaban “apretando” para entregar dinero “para la corona”.

Identificó nuevamente a Clarens como principal interlocutor y describió encuentros en oficinas del centro porteño y en Puerto Madero. Tras comunicar la imposibilidad de continuar con los pagos, los contactos cesaron, pero la empresa —según afirmó— quedó asfixiada por deudas, retrasos en los cobros y litigios judiciales.

El rol de Vialidad y la cúspide del esquema
En la valoración de la prueba, el fiscal Carlos Stornelli sostuvo que el sistema investigado en “La Camarita” estuvo orientado a direccionar adjudicaciones, administrar pagos selectivos y recaudar dinero ilegal mediante retornos exigidos a empresas constructoras.

El acusador público ubicó a Carlos Wagner como el articulador del mecanismo operativo y a Ernesto Clarens como el principal responsable de la faz recaudatoria, encargado de recibir los fondos, canalizarlos por el mercado informal y derivarlos a los destinatarios finales.

Stornelli también subrayó el rol de la Dirección Nacional de Vialidad como engranaje central del esquema, al administrar listados de prioridades de pago utilizados como herramienta de presión. En ese marco, afirmó que Cristina Fernández de Kirchner ocupó “la cúspide de la pirámide” destinada a maximizar la recaudación ilegal, mientras que Julio De Vido fue señalado como el organizador del sistema en el área de obra pública.

El debate se reanudará el próximo jueves a las 9:30, cuando se prevé la lectura de las 51 fojas restantes correspondientes a este tramo del expediente.