Argentina expresó un rechazo categórico a la autorización otorgada por el Reino Unido para avanzar con una nueva explotación petrolera en el yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. El anuncio, realizado por las compañías Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum, contempla una inversión inicial de 1.170 millones de dólares para la primera fase del desarrollo.
Según se informó, el proyecto apunta a extraer inicialmente 170 millones de barriles, con un potencial total estimado de 819 millones. La producción máxima proyectada alcanza los 50.000 barriles por día, con un primer petróleo previsto para 2028 mediante la instalación de un FPSO en 2027.
El punto en disputa se encuentra a 220 kilómetros al norte del archipiélago y frente a las costas de Santa Cruz. A través de un comunicado oficial, la Cancillería argentina advirtió que estas acciones configuran “medidas unilaterales e ilegítimas del Reino Unido, incompatibles con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que estas tareas violan las leyes argentinas 26.659 y 26.915, que prohíben toda actividad hidrocarburífera en la plataforma continental sin autorización del Estado nacional. “No reconocemos competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia”, remarcó el Gobierno, advirtiendo a empresas, entidades financieras y proveedores que cualquier participación en estos proyectos será considerada un acto ilícito.
Argentina alertó que quienes intervengan en estas actividades podrán enfrentar sanciones administrativas, legales y judiciales tanto en el país como en tribunales internacionales. Además, se advirtió que el inicio de una explotación de hidrocarburos en un territorio en disputa “constituye un acto unilateral de efectos potencialmente irreversibles” sobre recursos naturales no renovables.
Reclamos y reacciones internas
El gobierno de Tierra del Fuego también expresó su “más absoluto y enérgico rechazo” y solicitó la intervención inmediata de Nación. Andrés Dachary, secretario de Malvinas de la provincia, recordó que Navitas fue sancionada en 2022 con 20 años de inhabilitación por operar ilegalmente en la plataforma continental argentina.
En el cierre del comunicado, Cancillería anticipó que Argentina “profundizará su plan de acción” y tomará todas las medidas que considere necesarias, conforme al derecho internacional, “para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”.
