El cambio de época a prueba: Figueroa y la Fiscalía va por todo, apelación, penas más altas y recuperación del dinero de la estafa de los Planes Sociales
La Provincia endurece su posición: exige penas más altas y la restitución completa de los fondos desviados en la estafa de los Planes Sociales
POLÍTICA / JUDICIALES
Redacción
El Gobierno de Neuquén y la Fiscalía de Estado resolvieron avanzar con una estrategia judicial más severa tras la sentencia por la denominada causa de los Planes Sociales, que condenó a exfuncionarios del gobierno de Omar Gutiérrez por el desvío sistemático de fondos destinados a programas sociales. La Fiscalía anunció que apelará el fallo, reclamando una recalificación central: que los hechos sean considerados asociación ilícita, una figura penal sustancialmente más gravosa que la de administración fraudulenta agravada por la cual fueron condenados.
El organismo que encabeza Raúl Gaitán sostiene que el proceso acreditó la existencia de una estructura organizada, con roles específicos y una continuidad en el tiempo que configura, sin margen de duda, una organización criminal orientada al desvío multimillonario de recursos públicos destinados a familias en situación de vulnerabilidad.
La maniobra —según quedó probado durante el juicio— se ejecutó entre septiembre de 2020 y julio de 2022 mediante la retención ilegítima de tarjetas de débito correspondientes a beneficiarios de planes sociales. Los plásticos eran utilizados por los imputados para desviar los fondos a terceros, entre ellos supuestos referentes del Movimiento Popular Neuquino, quienes habrían destinado el dinero a actividades políticas internas.
La posición del Ejecutivo: recuperar el dinero y marcar un rumbo político
El gobernador Rolando Figueroa ha expresado públicamente su decisión de avanzar sin concesiones contra cualquier modalidad de corrupción. Su discurso contra los “vicios de la vieja política” se tradujo en acciones concretas desde el inicio de la gestión: reducción de la planta política, eliminación de contratos superfluos, baja de alquileres de vehículos y recorte de gastos improductivos.
En esa misma línea, el mandatario respalda la estrategia de la Fiscalía para recuperar el perjuicio económico provocado a la provincia, estimado inicialmente en $153.377.900, un monto que actualizado trepa a más de $1.200 millones.
“La reparación debe ser integral”, afirmó el Ejecutivo, que advierte que la recuperación de los fondos será perseguida hasta las últimas instancias judiciales.
La apelación: fundamentos técnicos y proyección judicial
Este jueves, la Fiscalía de Estado dejó asentado que presentará la impugnación una vez que se habiliten los plazos formales, insistiendo en que las pruebas evidencian una dinámica organizada y concertada entre los 12 condenados. La estructura operativa, según Gaitán, excede cualquier figura menor y encuadra claramente en el tipo penal de asociación ilícita, cuya escala penal es sensiblemente más alta y podría elevar las condenas hasta 10 años.
En paralelo, continúan las acciones civiles orientadas a la restitución de los fondos desviados. “El objetivo es que la respuesta judicial sea completa y garantice la máxima protección al patrimonio público y a la confianza de la ciudadanía”, expresó la Fiscalía.
Las condenas y el impacto institucional
El caso, que sacudió a la estructura política neuquina y generó un debate transversal sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos, se convirtió en un punto de inflexión. Tras esta causa, otras investigaciones —como la que involucra a la exvicegobernadora Gloria Ruiz— reforzaron la idea de que la promesa oficial de tolerancia cero no se agotaría en enunciados.
Las penas más elevadas, de cinco años de prisión, alcanzaron al exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca, al excoordinador de Administración Tomás Siengenthaler y al exdirector general de Planes Sociales Ricardo Soiza. Todos podrían recibir penas mayores si la alzada admite la recalificación solicitada.
El delito que dio origen al proceso —el desvío de recursos esenciales en plena pandemia— está considerado uno de los agravantes más severos en materia de ética pública. La estafa afectó directamente a familias que atravesaban momentos de extrema vulnerabilidad, un hecho que el propio tribunal calificó como “de una gravedad institucional notable”.
