Estas son las penas para los 12 condenados por la estafa con planes sociales en Neuquén

Este jueves al mediodía, el tribunal integrado por Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla dio a conocer las penas para los 12 condenados por administración fraudulenta agravada en el histórico juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén.

La causa demostró un perjuicio superior a 1.200 millones de pesos al Estado provincial, dinero que debía haber sido percibido —al menos en parte— por personas desocupadas beneficiarias de programas sociales.

El mecanismo incluía la extracción irregular de dinero mediante tarjetas de débito de subsidiados y el cobro de cheques de Desarrollo Social, fondos que, según la investigación, terminaban en una “caja paralela”. Ningún actor beneficiado por los presuntos “sobres” provenientes de esa llamada Caja Azul fue imputado o investigado.

Tres de los condenados permanecen con prisión preventiva. La incógnita ahora es si las penas efectivas se cumplirán de inmediato o tras eventuales recursos.

Las penas una por una
Prisión efectiva

Abel Di Luca (exministro de Desarrollo Social): 5 años e inhabilitación perpetua.
Tomás Siegenthaler (excoordinador provincial): 5 años e inhabilitación perpetua.
Ricardo Soiza (exdirector de Planes Sociales): 5 años e inhabilitación perpetua.
Marcos Osuna (jefe de Informática): 4 años e inhabilitación perpetua.
Pablo Néstor Sanz (exdirector de Fiscalizaciones): 4 años y 6 meses e inhabilitación perpetua.
Julieta Oviedo (exdirectora de Tesorería): 3 años y 6 meses e inhabilitación perpetua.
Luis Gallo (exdirector de Finanzas): 3 años y 6 meses e inhabilitación perpetua.
Alfredo Cury: 3 años y 6 meses e inhabilitación perpetua.
Prisión de ejecución condicional

Laura Reznik (exdirectora de Finanzas): 3 años condicional, inhabilitación perpetua y pautas de conducta.
Valeria Honorio: 3 años condicional, inhabilitación perpetua y pautas de conducta.
Isabel Montoya: 3 años condicional, inhabilitación perpetua y pautas de conducta.
Emanuel Victoria: 3 años condicional, inhabilitación perpetua y pautas de conducta.
El caso, que no logró probar la existencia de una asociación ilícita, fue caracterizado igualmente como un hecho de corrupción política por la magnitud del fraude y su impacto directo sobre fondos destinados a sectores vulnerables.