El Gobierno impulsa una Ley de Estabilidad Fiscal con sanciones penales para frenar el déficit
El Gobierno nacional avanza con la propuesta de la “Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”, una herramienta surgida del Consejo de Mayo que busca fijar por ley la obligación de alcanzar y sostener el equilibrio financiero del Estado, tanto a nivel nacional como en provincias y municipios.
La iniciativa, impulsada por la administración del presidente Javier Milei, incorpora un marco legal rígido para impedir que los gobiernos incurran en déficit, controlar la expansión del gasto público y evitar la emisión monetaria discrecional. El proyecto también contempla penas de cárcel e inhabilitación para los funcionarios que violen estas reglas fiscales.
1. Reglas fiscales obligatorias y límites estrictos al gasto público
El Título I del proyecto establece que el Presupuesto General de la Administración Nacional deberá ser equilibrado o superavitario, prohibiendo expresamente la aprobación de un presupuesto que proyecte déficit financiero.
En caso de que la ejecución presupuestaria muestre desvíos —ya sea por una caída de recursos o un aumento imprevisto del gasto— se activa un “Mecanismo de Ajuste” que faculta al Jefe de Gabinete a aplicar reducciones y adecuaciones necesarias para restablecer el equilibrio.
Estas medidas deben aplicarse en primer lugar sobre partidas que no tengan un mínimo legal de ejecución.
El proyecto también dispone una regla de disciplina operativa:
ningún funcionario podrá generar compromisos de gasto sin autorización presupuestaria o sin contar con los recursos acreditados.
Además, el Poder Ejecutivo queda obligado a no solicitar adelantos transitorios al Banco Central para financiar gastos primarios.
2. Control legislativo y evaluación obligatoria del impacto fiscal
Para evitar leyes con impacto financiero no financiado, el proyecto incorpora el “Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo”, requisito previo para que cualquier iniciativa legislativa vinculada al gasto o a los recursos pueda ser tratada en comisiones del Congreso.
El informe debe incluir:
Estimación completa del impacto fiscal.
Identificación de la fuente de financiamiento o reducción de gastos necesaria para cumplir con la regla fiscal.
Además, se introduce el principio de “Vigencia Diferida” para leyes que creen nuevos gastos: solo podrán regir cuando esas partidas sean incorporadas en el presupuesto del ejercicio siguiente, salvo que la propia ley garantice su financiamiento con recursos concretos, específicos y suficientes.
3. Nulidad y régimen penal para funcionarios
La propuesta incluye un capítulo de sanciones severas para desincentivar el incumplimiento fiscal:
Nulidad absoluta
Cualquier norma dictada en violación a lo estipulado por la ley será nula de nulidad absoluta e insanable, sin posibilidad de convalidación posterior.
Delito por gasto irregular
Se incorpora al Código Penal la figura del funcionario que modifique, incremente o ejecute gastos sin financiamiento acreditado.
La pena prevista es de 1 a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta.
Delito por emisión monetaria irregular
También se penaliza la emisión sin respaldo, imponiendo 3 a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta al funcionario del Banco Central que ordene o autorice emisión en violación a su Carta Orgánica.
Con este proyecto, el Gobierno busca institucionalizar el equilibrio fiscal como política de Estado, restringir al máximo la discrecionalidad del gasto y la emisión, y establecer responsabilidades personales —incluso penales— ante cualquier desvío deliberado.
