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Siete años de condena por suministrar cocaína a su hijo: la Justicia aplicó prisión domiciliaria

JudicialesRedacciónRedacción

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Posadas: la Justicia unificó condenas y fijó 7 años de prisión domiciliaria a la madre que suministró cocaína a su hijo de 4 años
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas dictó una pena única de siete años de prisión para Antonia Gisel Alves de Olivera, luego de acreditarse que suministró cocaína a su hijo de cuatro años para intentar aliviarle un dolor de muelas. La resolución unifica esta conducta con una condena anterior por tráfico agravado de estupefacientes.

El caso, tramitado bajo la modalidad de Juicio Abreviado en octubre de 2025, quedó firme tras la confirmación pericial de laboratorio: el análisis de orina del menor arrojó resultado positivo para cocaína, dato que la propia acusada admitió tras reconocer que había aplicado en la boca del niño una “sustancia blanca extraña” que encontró en su domicilio.

Una pena única por dos delitos graves
La sentencia de siete años se compuso de la unificación de dos marcos penales:

Suministro gratuito de estupefacientes a un menor (art. 5 inc. e y 11 inc. a de la Ley 23.737):
Pena previamente acordada a 4 años y 6 meses.
Tráfico de estupefacientes agravado por intervención de tres o más personas:
Condena firme de 6 años de prisión, correspondiente a una causa previa vinculada a una organización dedicada a la comercialización de drogas.
La acumulación legal prevista en el Código Penal permitió fijar una pena única, que contempló la proporcionalidad entre ambos ilícitos y la relación de concurso real.

Prisión domiciliaria por razones humanitarias
Aunque la calificación de los delitos habilitaba el cumplimiento efectivo en establecimiento penitenciario, el Tribunal dispuso que la condenada cumpla los siete años en prisión domiciliaria, bajo control electrónico.

La decisión se apoyó en criterios de interés superior del niño, considerando que la mujer es madre de otros dos menores, de 10 y 11 años, que se encuentran bajo su cuidado. El Tribunal ponderó el impacto familiar, las condiciones socioeconómicas y la disponibilidad de alternativas compatibles con la supervisión judicial.

La acusada deberá permanecer en su residencia de Posadas y quedará sometida a restricciones y monitoreo permanente hasta la finalización de la pena.