A horas de asumir su banca, la senadora de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich anticipó que promoverá una revisión profunda sobre el funcionamiento institucional y el nivel de transparencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en un contexto de máxima tensión entre el Gobierno nacional y el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.
En declaraciones radiales, Bullrich afirmó que la organización que regula el fútbol argentino concentra “un monopolio” que requiere control parlamentario. “La AFA es una asociación sin fines de lucro que tiene el monopolio de todo. ¿Por qué lo tiene? ¿Cómo se define la democracia interna? ¿Cómo se elige a sus autoridades? Hay muchas irregularidades”, sostuvo.
La legisladora remarcó que su objetivo será “estudiar la transparencia” de la institución desde el Senado, y aclaró que ya inició un análisis jurídico para determinar los marcos de actuación posibles. Cuando fue consultada sobre una eventual intervención federal, evitó definiciones: “No lo puedo decir porque no lo hemos hablado. Lo estoy estudiando desde la perspectiva legal”.
Bullrich planteó que en Argentina existen instituciones —más allá de los tres poderes del Estado— que “funcionan sin adaptarse a los cambios de época” y que el Congreso debe revisar su nivel de control y transparencia.
Críticas al manejo interno de la AFA
La senadora electa también se refirió al clima de controversia generado por el trofeo entregado a Rosario Central y la sanción impuesta a Estudiantes de La Plata, episodios que reavivaron cuestionamientos internos y externos.
“No puede ser que todos sepan que hay hijos acomodados, clubes acomodados, estadios acomodados. Hay un montón de irregularidades que son vox populi”, denunció. Además, cuestionó el mecanismo de asignación de beneficios y sanciones dentro de la estructura de la AFA, subrayando que los clubes más pequeños quedan “atados a la discrecionalidad” de la institución.
El planteo de Bullrich anticipa un escenario de mayor confrontación política con la conducción del fútbol argentino y abre la puerta a un debate institucional que podría escalar dentro del Congreso.
