Figueroa valoró la eliminación de retenciones al petróleo convencional y reclamó extender el esquema a todas las provincias productoras

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, celebró la decisión del Gobierno Nacional de suprimir los derechos de exportación sobre la producción convencional de petróleo, una medida que alcanzará a los barriles cuyo valor internacional se ubique por debajo de los 65 dólares.

La resolución, confirmada por la Secretaría de Energía de la Nación, se alinea con el proceso iniciado por la Provincia el pasado 23 de septiembre, cuando se conformó la Mesa del Programa de Reactivación de la Producción Convencional, y con las gestiones conjuntas llevadas adelante en el marco de la OFEPHI. El objetivo común: recomponer la competitividad del segmento convencional, caracterizado por una menor rentabilidad comparado con Vaca Muerta y operado mayormente por empresas medianas y pequeñas.

Medidas locales previas
Figueroa recordó que Neuquén ya había avanzado en un esquema propio de incentivos, con reducciones en regalías e Ingresos Brutos aplicadas al crudo convencional, con el propósito de sostener empleos, apuntalar la actividad y frenar la caída de la inversión.

“Esta decisión del Gobierno Nacional nos brinda herramientas adicionales para consolidar esos objetivos”, señaló el mandatario, quien además pidió que el esquema se replique en el resto de las provincias productoras, para evitar distorsiones y consolidar una política energética federal.

El impacto impositivo
Hasta ahora, la exportación de petróleo se encontraba sujeta a un sistema de retenciones móviles que oscilaba entre 0% y 8%, según el precio internacional del barril:

0% cuando el crudo estaba en US$45.
Hasta 8% cuando superaba los US$60.
Con los valores actuales del petróleo —por encima de ese umbral— la alícuota efectiva era del 8%. La Nación anticipó que la producción convencional dejará de tributar este componente, aunque los detalles finales se conocerán cuando se publique el decreto oficial.

El anuncio se interpreta como un intento de reducir la presión fiscal sobre un sector estratégico pero en retroceso, con el objetivo de extender su vida útil, sostener la actividad y preservar empleos en zonas que dependen directamente de la producción convencional.