El gobierno reactiva obras públicas y apuesta a concesiones: Milei redefine el rol del Estado en la infraestructura
Actualidad
Redacción
Tras meses de parálisis y recortes, el Gobierno nacional inició una reactivación parcial y selectiva de la obra pública. El presidente Javier Milei autorizó la contratación de diez proyectos de inversión por más de 85 mil millones de pesos en tres años y lanzó una nueva licitación internacional para concesionar 1.800 kilómetros de rutas y autopistas bajo gestión privada.
El giro se produce en un contexto político más estable para la Casa Rosada, tras el resultado electoral favorable y la convocatoria a un diálogo con gobernadores no alineados con el oficialismo. En ese marco, el Ejecutivo modificó partidas presupuestarias y reabrió el financiamiento de obras priorizadas por impacto regional o estratégico.
De la motosierra al modelo concesional
Según el relevamiento de la Red Federal de Periodismo e Innovación, hasta mayo solo 330 obras nacionales habían sido concluidas y más de 1.400 permanecían sin ejecución desde el cambio de gestión.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, definió el nuevo esquema como un “cambio de paradigma” donde el Estado abandona su rol de operador deficitario para transformarse en regulador y garante de la competencia, con foco en la eficiencia y la transparencia.
La Red Federal de Concesiones, iniciativa insignia del plan vial del Gobierno, se presenta como una de las reformas estructurales más ambiciosas. Su objetivo es liberar al Estado de funciones operativas y atraer capital privado genuino para sostener obras de infraestructura y mantenimiento a largo plazo.
Esta segunda etapa de concesiones abarca rutas nacionales 3, 5, 12 y 14, el Puente Rosario–Victoria y tres pasos fronterizos, entre otros corredores. La Dirección Nacional de Vialidad conservará la fiscalización de contratos y estándares de servicio.
Las diez obras reactivadas
Entre los proyectos “descongelados” figuran construcciones en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Rosario y CABA, con un rango de inversión que va desde los $1.400 millones hasta los $25.900 millones, según cada caso.
Destacan el Sistema de Provisión de Agua Potable para el Gran San Miguel de Tucumán, con un presupuesto superior a los $25.900 millones, y obras de mantenimiento vial en Santa Fe, infraestructura turística en parques nacionales y reacondicionamiento urbano en Buenos Aires.
Un mapa desigual y una agenda pendiente
El informe de Obras Públicas revela un fuerte desequilibrio territorial. La provincia de Buenos Aires concentra 841 proyectos paralizados, seguida por Córdoba (203), Santa Fe (153) y Entre Ríos (150). En contraste, San Luis, Tierra del Fuego y Formosa exhiben menos de 30 obras cada una.
La interrupción de obras esenciales —como el hospital materno infantil de La Matanza o el saneamiento cloacal en Corrientes— impactó de lleno en la seguridad vial, el acceso a servicios básicos y la integración territorial del país.
Mientras tanto, las provincias negocian con Nación cómo retomar los proyectos considerados críticos, en medio de la redefinición del rol estatal y la búsqueda de nuevos esquemas mixtos de financiamiento.
Claves políticas
El Ejecutivo busca mostrar capacidad de gestión sin aumentar el gasto público.
El nuevo modelo concesional implica que el mantenimiento y la seguridad vial quedarán en manos privadas.
Las provincias presionan para recuperar obras frenadas que afectan la economía local.
📰 Conclusión editorial Infogo:
El gobierno libertario se aleja de la parálisis, pero no vuelve al modelo tradicional de obra pública. La apuesta es por la concesión y el capital privado: menos obra estatal, más gerenciamiento.
El desafío será garantizar que la “eficiencia” no se traduzca en abandono del Estado donde más se lo necesita.
