Milei derogó la ley indígena y un caso en Neuquén podría marcar un precedente judicial

El conflicto territorial en Tratayén, en pleno corazón hidrocarburífero de Vaca Muerta, volvió a tensarse tras un planteo judicial que podría sentar precedente en la provincia. El abogado Juan Fittipaldi, representante de la familia Galván, solicitó al Juzgado Civil N°2 de Neuquén la exclusión definitiva de la comunidad mapuche Lof Fvta Xayen del proceso por la posesión de tierras, argumentando que la derogación de la Ley 26.160 dejó sin sustento legal su participación.

 
🔹 Un conflicto en tierra estratégica
La familia Galván posee campos frutícolas en Tratayén desde 1978. En 2017, integrantes de la comunidad mapuche ingresaron al predio reclamando derechos de ocupación ancestral amparados en la Ley 26.160 —que declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras indígenas— y permitía litigar a comunidades “en formación” sin personería jurídica.

Desde entonces, el caso avanzó en el fuero civil bajo una serie de idas y vueltas judiciales. Pero el panorama cambió en diciembre de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1083/2024, que derogó la Ley 26.160 y su reglamentación.

 
🔹 Sin ley de emergencia, sin personería
El planteo de Fittipaldi es claro: con la derogación, ya no existe el régimen excepcional que permitía intervenir a comunidades sin reconocimiento formal.

“Hoy, cualquier grupo que quiera participar en un proceso judicial debe contar con personería jurídica y representantes acreditados. De lo contrario, el proceso pierde validez formal”, argumentó el letrado.
La presentación, caratulada “Galván Carolina y otros c/ Rosales Diego Martín y otros s/interdicto”, sostiene que la intervención de la comunidad carece de sustento jurídico y solicita que el juicio continúe únicamente contra las personas físicas demandadas originalmente.

 
🔹 Fallos previos y contexto legal
El abogado recordó que tanto la Cámara de Apelaciones como el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) ya habían reconocido la falta de personería jurídica de la comunidad. Según el planteo, la extinción del régimen de emergencia consolidaría esa situación, dejando sin legitimación procesal a la Lof Fvta Xayen.

“No negamos identidades ni tradiciones. Pero sin reconocimiento del Estado, no pueden actuar como comunidad en un proceso judicial. Si mañana obtienen personería, será otra historia”, expresó Fittipaldi.
 
🔹 Un trasfondo político y territorial
El caso se desarrolla en una zona clave para la expansión petrolera. Allí, los reclamos indígenas conviven con derechos de propiedad privada y concesiones productivas, un escenario donde los conflictos entre comunidades mapuches, familias rurales y empresas se multiplican.

La decisión que adopte el Juzgado Civil N°2 podría impactar en otros litigios similares en la provincia, especialmente tras la derogación de la norma nacional que durante casi dos décadas sirvió de resguardo legal para las comunidades sin reconocimiento formal.

En Tratayén, el conflicto por la tierra vuelve a ser espejo de una discusión más amplia: ¿cómo se reconfiguran los derechos indígenas frente a un nuevo orden jurídico impulsado desde la Nación?