Zapala: socios de la Cooperativa Eléctrica denuncian irregularidades y cuestionan la prórroga de la intervención

Un grupo de socios de la Cooperativa Eléctrica de Zapala manifestó su rechazo a la decisión judicial de prorrogar por 15 meses la intervención del organismo, que ya lleva 18 meses bajo control estatal, y denunció una serie de presuntas irregularidades administrativas y financieras que se encuentran bajo investigación fiscal.

Según los vecinos autoconvocados, la prórroga fue aprobada con el argumento de que es necesario auditar siete balances contables correspondientes a gestiones anteriores. Sin embargo, sostienen que ese fundamento es falso.

“No se puede cerrar un balance 2023–2024 cuando no se cerraron los anteriores. No pueden hacer correlativo los saldos”, señaló César Santochi, uno de los vecinos impulsores del reclamo, en diálogo con Radio 7.
🔹 Denuncias y cuestionamientos
El grupo presentó ante la fiscalía un expediente con 19 puntos, entre los que se mencionan malversación de fondos, donaciones irregulares y uso indebido de vehículos de la cooperativa durante el último proceso electoral.

“Las camionetas de la cooperativa recorrieron escuelas y trasladaron votantes, algo que no deberían hacer”, denunciaron los vecinos.
También cuestionan gastos vinculados a un sistema técnico que nunca se concretó durante la gestión anterior y que ahora se estaría ejecutando “de manera deficiente”.

🔹 Reclamos por transparencia y elecciones
Los socios aseguran que la cooperativa administra una recaudación mensual de alrededor de 3.000 millones de pesos, parte de los cuales se destina al pago de una deuda judicial con el EPEN, situación que, según advierten, podría generar un pasivo aún mayor al finalizar la intervención.

A pesar de haber reunido 1.500 firmas solicitando intervenir formalmente en la causa, el juez rechazó su participación.

“Vamos a seguir denunciando las irregularidades que está cometiendo el interventor”, afirmó Santochi.
Finalmente, los vecinos reclamaron la urgente convocatoria a elecciones y la revisión integral de los padrones, que acusan de tener sobrecostos, falta de actualización y escasa transparencia.