Estafa con planes sociales en Neuquén: Di Luca fue “ejecutor principal” y “traicionó la confianza pública”

La Justicia neuquina difundió la sentencia completa del juicio por la estafa con planes sociales, un fallo que describe con crudeza la estructura de corrupción montada dentro del Ministerio de Desarrollo Social y que señala directamente al exministro Orlando Abel Di Luca como “ejecutor principal” de las maniobras fraudulentas.

El documento de 398 páginas, redactado por los jueces Luciano Hermosilla, Juan Kees y Juan Guaita, detalla la responsabilidad de los 12 condenados por administración fraudulenta agravada y analiza el sistema de desvío de fondos públicos que, según el tribunal, alimentaba el clientelismo político.

“El dinero no solo era apropiado por los autores y partícipes de la defraudación a la administración pública, sino que además alimentaba la política”, advierte uno de los tramos más contundentes del fallo.
 
🔹 Di Luca, el rol más grave
Los magistrados describen al exministro como parte de la “arquitectura de las maniobras defraudatorias”, con plena conciencia de la ilicitud de sus actos:

“Era consciente y ejecutor principal de un esquema sistemático de desviación de fondos públicos destinados a los sectores más vulnerables, traicionando la confianza pública y violando los deberes más elementales de su cargo”.
El fallo remarca que Di Luca “no era un funcionario marginal”, sino el garante de la legalidad de los recursos que él mismo desvió, participando activamente en la maniobra.

La sentencia llega un mes antes de la segunda etapa del proceso judicial, donde se definirán las penas para cada imputado.

 
🔹 Soiza y la estructura de la defraudación
El exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza, también fue declarado coautor del delito. Su participación fue definida como “central y permanente dentro del esquema defraudatorio”, impartiendo directrices, justificando depósitos irregulares y cubriendo la operatoria ilícita.

Junto a ellos fueron condenados Tomás Siegenthaler, Néstor Sanz, Luis Gallo, Laura Reznik Mastronardi y Julieta Oviedo, entre otros.

En tanto, Valeria Honorio, Isabel Montoya, Marcos Osuna, Emmanuel Contreras y Alfredo Cury fueron declarados partícipes primarios.

 
🔹 La “defensoría paralela” y la caja azul
Uno de los fragmentos más llamativos del fallo refiere a Alfredo Cury, abogado y exasesor político, a quien los jueces acusan de montar una “defensoría penal ilegal y paralela” para referentes del Movimiento Popular Neuquino (MPN), financiada con fondos que debían destinarse a subsidios sociales.

El tribunal también da por probada la existencia de la llamada “caja azul”, un circuito financiero clandestino para la distribución irregular de dinero público, con planillas mensuales, doble registración y egresos millonarios.

 
🔹 Asociación ilícita: el delito que no se probó
Pese a los argumentos de la fiscalía, los jueces descartaron la figura de asociación ilícita, al considerar que no se demostró la existencia de una estructura criminal permanente.
El fallo aclara que, si bien la operatoria buscaba sostener un aparato clientelar del MPN, no quedó acreditado que se tratara de una organización destinada específicamente a cometer delitos de forma continuada.

 
🔹 Un golpe a la credibilidad institucional
La sentencia, que se transformó en una pieza judicial y política clave para la provincia, subraya la gravedad institucional de los hechos y la utilización de los recursos del Estado con fines partidarios.

“Esta maniobra reveló una finalidad trascendente: consolidar un sistema de clientelismo político sostenido con fondos públicos”, concluye el fallo.
El caso se convierte así en uno de los episodios más severos de corrupción política en la historia reciente del Neuquén.