

Un Tribunal de Revisión dejó sin efecto este martes la inhibición general de bienes que pesaba sobre la exvicegobernadora Gloria Ruiz y la exsecretaria de Cámara María Isabel Ricchini, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta.
La medida había sido dispuesta el pasado 17 de octubre por el juez Lucas Yancarelli, a pedido de la fiscalía de Delitos Económicos, integrada por Juan Narváez, Tanya Cid y Facundo Bernat, junto al patrocinio de la Fiscalía de Estado, representada por Gustavo Kohon.
El tribunal conformado por Carolina García, Marco Lúpica Cristo y Juan Pablo Encina Rivero resolvió revocar la decisión inicial por considerarla “arbitraria, contradictoria y carente de proporcionalidad”, señalando que presentaba “vicios insubsanables” en su fundamentación.
Ruiz habló de persecución política
Durante la audiencia, Ruiz expresó que se considera víctima de una “persecución política” motivada por su exposición pública y su rol institucional.
“Nadie se enriqueció. Este proceso nos causa un dolor profundo a mí, a mi familia y a mi equipo de trabajo. Todo esto se origina en una persecución política. A una semana de las elecciones nacionales me formularon cargos, y espero que la sociedad neuquina entienda lo que está ocurriendo”, manifestó.
La exvicegobernadora también señaló que muchas mujeres “atraviesan situaciones similares en un contexto que no debería repetirse en la política neuquina”.
El descargo de Ricchini
Por su parte, María Isabel Ricchini rechazó los cargos que la vinculan a maniobras de administración fraudulenta y explicó que las contrataciones cuestionadas —con la empresa Big Sur Marketing para videos institucionales y con Pedro Ariel Sauer para impresiones en la “Casa de las Leyes”— fueron gestiones “iniciadas por otras áreas” y que “ya estaban formalizadas” antes de su intervención administrativa.
Aclaró además que la Casa de las Leyes dependía “exclusivamente de la presidencia”, es decir, del despacho de Ruiz, según el organigrama que rige desde gestiones anteriores.
Cruce técnico por la restitución de una camioneta
Fuera del ámbito judicial, el abogado Alberto Balladini —defensor de Ruiz— cuestionó interpretaciones periodísticas sobre su pedido de restitución de una camioneta Toyota secuestrada en la causa.
Explicó que “el trámite fue correctamente solicitado al juez, quien derivó la competencia a la fiscalía”, mientras que el fiscal Narváez reafirmó que “toda solicitud de restitución debe iniciarse ante la fiscalía y, en caso de rechazo, elevarse al juez de control”.
Causa paralizada en la Corte Suprema
En otro frente, el planteo que Ruiz había presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó sin representación luego de la renuncia de todo su equipo de abogados, encabezado por Carlos Broitman, alegando “diferencias irreconciliables” con la estrategia de defensa.
El recurso pedía dejar sin efecto la suspensión que la Legislatura provincial dictó el 27 de noviembre de 2024, y que derivó luego en su destitución por inhabilidad moral.



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