Transfemicidio de Azul Semeñenko: prisión preventiva por crimen de odio

El juez de Garantías Juan Manuel Kees ordenó ocho meses de prisión preventiva para Roberto Daniel Sánchez (59), acusado por el transfemicidio de Azul Semeñenko, ocurrido el 25 de septiembre, día de su cumpleaños.
La resolución se basó en la gravedad del hecho, el riesgo procesal y la contundencia de la prueba que acredita un crimen motivado por odio a la identidad de género.

El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Guadalupe Inaudi, formuló cargos por homicidio triplemente agravado —por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por mediar violencia de género—.
Según la acusación, el ataque fue de una brutalidad extrema: la víctima recibió más de 25 puñaladas, golpes y heridas que excedieron las necesarias para causar la muerte.

“La agresión, por su número y severidad, demuestra una voluntad deliberada de aumentar el sufrimiento. Fue un acto de crueldad atravesado por el odio a la identidad trans de Azul”, sostuvo Inaudi durante la audiencia.

La defensa, a cargo de Ezequiel Leanza, reconoció que el imputado cometió el hecho, aunque intentó encuadrarlo como un homicidio en estado de emoción violenta, lo que reduciría la pena. Sin embargo, el magistrado rechazó ese planteo y validó la acusación de la fiscalía.

El crimen ocurrió en la vivienda del acusado, en el barrio Toma La Familia, donde Sánchez llevó a Azul luego de contratar sus servicios sexuales. Allí la golpeó, apuñaló y luego trasladó su cuerpo en una camioneta hasta una zona de desagüe, en el límite entre Neuquén y Plottier, donde fue hallada el 14 de octubre.

La investigación continúa con nuevas pericias, relevamiento de cámaras y análisis de teléfonos celulares.

Durante la audiencia, Marcos Semeñenko, hermano de la víctima, agradeció el acompañamiento de organizaciones sociales, medios de comunicación y el Centro de Atención a las Víctimas.
“Quiero justicia. Azul no merecía ese final. Vamos a seguir hasta que haya condena firme”, expresó.

El caso visibiliza nuevamente la urgencia de fortalecer políticas públicas y judiciales frente a los crímenes de odio y la violencia hacia la población trans, que sigue enfrentando contextos de extrema vulnerabilidad en todo el país.