Imputaron por fraude y enriquecimiento ilícito a Gloria Ruíz

La fiscalía de Delitos Económicos formuló cargos contra la exvicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. La investigación, que abarca también a su hermano y a dos exfuncionarias legislativas, busca determinar el origen de maniobras que, según la acusación, alcanzarían los 180 millones de pesos a valores actualizados.

Los cargos y las operaciones bajo sospecha
Según el fiscal Juan Narváez, asistido por Tanya Cid y Facundo Bernat, Ruiz habría incurrido en irregularidades vinculadas a la adquisición de una camioneta Toyota SW4 4x4 automática, valuada hoy en más de 110 millones de pesos, cuya compra no habría sido debidamente justificada. Además, se le atribuye la contratación directa de la firma Big Sur Marketing para una campaña de promoción personal por un monto de 67 millones de pesos actuales.

Su hermano, Pablo Ruiz, exadministrador de la Casa de las Leyes, fue imputado por administración fraudulenta agravada y peculado, en relación con contrataciones realizadas a la empresa Pedro Sauer por la impresión de materiales publicitarios valuados en 67 millones de pesos.

En la misma audiencia fueron también imputadas María Isabel Richini, exsecretaria de la Legislatura, y Élida Noemí Sánchez, exprosecretaria administrativa, por su presunta participación en los circuitos administrativos que habrían facilitado las maniobras bajo investigación.

Decisión judicial y alcance de la investigación
El juez Lucas Yancarelli convalidó la formulación de cargos y dispuso la inhibición general de bienes de los imputados. No obstante, rechazó el pedido de la fiscalía para declarar el caso como de “investigación compleja”, otorgando un plazo de cuatro meses —prorrogable— para concluir la etapa de instrucción.

Durante la audiencia, los abogados defensores Alberto Balladini (en representación de Ruiz) y Marcelo Muñoz (defensor de Richini) solicitaron que la Legislatura Provincial remita un informe detallado sobre todas las contrataciones directas realizadas entre 2019 y 2023, período en el que la presidencia del cuerpo estuvo a cargo de Marcos Koopmann, bajo la gobernación de Omar Gutiérrez.

Balladini sostuvo que “todas las compras fueron aprobadas por el Tribunal de Cuentas”, mientras que Muñoz planteó que la práctica de contrataciones directas podría haber sido “habitual y legítima”, en defensa de la legalidad de los procedimientos.

Contexto político y defensas
Ruiz, quien actualmente es candidata a diputada nacional, no realizó declaraciones públicas antes ni durante la audiencia. Su defensa, encabezada por el ex presidente del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Alberto Balladini, cuestionó la destitución política de la exvicegobernadora, calificándola como un “ultraje institucional” y denunciando “la ausencia de debido proceso” en el accionar de la comisión investigadora de la Legislatura.

“El procedimiento fue de una desprolijidad institucional tremenda. Algunos de los legisladores que votaron su destitución fueron mis propios alumnos”, expresó Balladini, en alusión al juicio político que derivó en la remoción de Ruiz de su cargo.

El abogado también solicitó la restitución de la camioneta secuestrada bajo su custodia judicial, aunque el juez aclaró que dicho trámite debía gestionarse ante la fiscalía.

Próximos pasos
Con la formulación de cargos confirmada, la investigación continuará bajo la órbita de la fiscalía de Delitos Económicos, que deberá definir si eleva la causa a juicio oral una vez cumplido el plazo establecido. La resolución final podría tener repercusiones tanto judiciales como políticas, en un contexto en el que la exvicegobernadora mantiene su exposición pública y proyección electoral.