Figueroa promulgó la ley que obliga a controles toxicológicos a funcionarios de los tres poderes del Estado

El gobernador Rolando Figueroa promulgó la Ley Provincial N° 3531/25, que dispone la implementación de controles toxicológicos obligatorios y aleatorios para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado. La iniciativa, promovida por el propio mandatario, había sido aprobada por amplia mayoría en la Legislatura el pasado 17 de septiembre.

La nueva normativa incorpora el narcotest como requisito de permanencia en los cargos públicos, con el objetivo de reforzar los principios de ética, idoneidad, integridad y transparencia institucional en el ejercicio de la función pública.

Según el texto legal, los exámenes buscan garantizar que ningún funcionario mantenga vínculos o dependencia con el consumo de sustancias prohibidas o con actividades relacionadas al narcotráfico, fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones.

Alcance y aplicación
La ley abarca a todas las jerarquías del sector público provincial: el gobernador y vicegobernador, ministros, secretarios, diputados, jueces, fiscales, defensores, consejeros de la Magistratura, intendentes, concejales y directivos de organismos autárquicos, descentralizados y empresas estatales o mixtas.

Los controles se realizarán de manera sorpresiva mediante pruebas rápidas homologadas por la autoridad sanitaria competente, ejecutadas por personal habilitado en los lugares de trabajo. La negativa injustificada a someterse al examen será considerada equivalente a un resultado positivo, con las consecuencias administrativas correspondientes.

Un sistema de control interinstitucional
La ley también crea una Comisión Evaluadora Interpoderes, integrada por representantes técnicos designados por cada poder del Estado, que funcionará como organismo autónomo de control.

Además, se implementará un registro interno y confidencial destinado a documentar los controles realizados, la trazabilidad técnica de los análisis y los procedimientos derivados de resultados positivos, bajo estrictos criterios de confidencialidad y responsabilidad institucional.

Política integral contra el narcotráfico
La Ley 3531/25 se enmarca en la estrategia provincial de lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo, que ya tuvo un punto de inflexión con la desfederalización de la persecución del narcomenudeo, permitiendo a la Policía y la Justicia neuquina intervenir con mayor rapidez y eficacia en el territorio provincial.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que esta nueva herramienta busca “blindar la función pública frente al narcotráfico y asegurar que quienes toman decisiones en nombre del Estado lo hagan bajo los principios de responsabilidad, salud y transparencia”.