La madre del soldado asesinado pidió al intendente Koopmann que vete las ordenanzas que homenajean al Grupo de Artillería 16.

La dimisión del presidente del bloque oficialista del MPN reconfigura el escenario político en Zapala, en medio del reclamo social por las ordenanzas que designan con nombres del Ejército a dos plazoletas. La familia del soldado Pablo Córdoba pidió al intendente que vete las normas y mantenga su compromiso con la memoria del joven asesinado.

El clima político en Zapala atraviesa un momento de máxima tensión institucional tras la renuncia del concejal Nicolás Jorge Castillo a la presidencia del bloque oficialista del Movimiento Popular Neuquino (MPN). La decisión, acompañada por un pedido público de disculpas, fue un gesto hacia la familia de Pablo Jesús Gabriel Córdoba, el soldado zapalino asesinado en el Grupo de Artillería 16 en junio de 2023, hecho que permanece bajo investigación judicial.

El debate se reavivó luego de que el Concejo Deliberante aprobara, sobre tablas y sin discusión previa, dos ordenanzas impulsadas por el intendente Carlos Koopmann Irízar, que bautizan con los nombres “Grupo de Artillería 16” y “Base de Apoyo Logístico” a dos plazoletas de la ciudad. Las normas fueron sancionadas con los votos del bloque oficialista en una sesión en la que la única edil de la oposición, Patricia Melinao, se encontraba ausente por motivos personales.

Rechazo y pedido de veto
La medida generó una inmediata ola de rechazo social y reacciones dentro del propio oficialismo. En este contexto, Natalia Uribe, madre de Pablo Córdoba, se mostró profundamente decepcionada con los concejales que avalaron el homenaje, pero expresó su esperanza en que el intendente vete las ordenanzas para evitar que se concrete la designación.

“Son instituciones que están manchadas con la sangre de dos soldados y no es momento para homenajearlas hasta que saquen a los asesinos, cómplices y encubridores de la muerte de Pablo”, manifestó Uribe.

La mujer recordó que Koopmann había asumido un compromiso personal con ella para que una plaza lleve el nombre de su hijo, en reconocimiento a su memoria y al reclamo de justicia que mantiene viva la comunidad zapalina.

En la misma línea, la concejal Melinao presentó un proyecto para derogar las dos ordenanzas aprobadas, solicitando que el cuerpo legislativo las trate nuevamente sobre tablas, en un intento de revertir lo que definió como “una decisión institucionalmente insensible y socialmente dolorosa”.

El impacto social
Durante la última sesión, el ciudadano Hugo Arriagada hizo uso de la banca del vecino y pidió a los concejales que “den marcha atrás con lo que hicieron”.

“Le han pegado a una familia y a todos los que acompañamos su reclamo de justicia. Qué grave lo que hicieron, ponerle a una plaza el nombre de una parte del Ejército donde su hijo apareció muerto de dos balazos en la cabeza”, expresó ante el cuerpo.
La controversia tomó mayor dimensión al recordarse que en el mismo cuartel militar, el 6 de marzo de 1994, fue asesinado el soldado Omar Carrasco, un crimen que marcó el fin del servicio militar obligatorio en Argentina.

Mientras tanto, en el plano político, el concejal Castillo publicó un video en el que pidió disculpas a la familia Córdoba y comunicó su renuncia a la presidencia del bloque del MPN.

“Jamás imaginé que esta decisión iba a herir a la familia Córdoba. Me hago responsable por lo que me compete. Renuncio a la presidencia del bloque porque estas políticas no reflejan la ciudad que deseo construir”, afirmó.
El edil aclaró que continuará desempeñándose como concejal, aunque marcó distancia respecto de la línea política del Ejecutivo local.

El caso Córdoba y la polémica por el homenaje al Ejército abrieron una discusión más profunda en Zapala sobre el uso simbólico del espacio público, el rol de las instituciones militares y el respeto a las víctimas de violencia institucional.

La ciudad se encuentra ahora frente a una decisión política de alto impacto: si el intendente ejerce o no su potestad de vetar las ordenanzas y reencauzar el debate hacia una reparación simbólica basada en la memoria y la justicia.