Respira Javier Milei: con apoyo de Elisa Carrió, el proyecto de ley anti-DNU vuelve al Senado

El presidente Javier Milei logró este miércoles un nuevo respiro en el Congreso. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley anti-DNU, pero con modificaciones, lo que obliga a que el texto regrese al Senado para una nueva discusión.
La votación finalizó con 140 votos afirmativos, aunque sin acuerdo en torno al artículo más polémico: el que fijaba un plazo máximo de 90 días de vigencia para los decretos presidenciales.

El oficialismo celebró el resultado: el respaldo del PRO, la UCR y la mayoría de los gobernadores fue decisivo, mientras que la Coalición Cívica, fuerza liderada por Elisa Carrió, volteó el artículo clave e impidió la sanción definitiva.

El artículo que frenó la ley
El texto que volvió al Senado surgió de una iniciativa de Provincias Unidas y busca limitar al mínimo el uso de los decretos en sus tres modalidades: de necesidad y urgencia (DNU), delegados y vetos parciales.
El punto de conflicto fue el artículo 3, que establecía que los decretos caducarían automáticamente a los 90 días si no eran aprobados por ambas cámaras. Ese inciso obtuvo 127 votos, dos menos de los necesarios para alcanzar la mayoría calificada requerida.

Entre quienes se abstuvieron o cambiaron su voto en ese tramo estuvieron Marcela Campagnoli, Victoria Borrego y Juan López (Coalición Cívica); Sofía Brambilla, Álvaro González y Héctor Baldassi (PRO); y Fabio Quetglas junto a Karina Banfi (UCR). También se sumaron cuatro exlibertarios del bloque Coherencia y algunos referentes de la oposición dialoguista.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, junto al ministro del Interior, Lisandro Catalán, fueron los principales articuladores del oficialismo para frenar la sanción definitiva.

Un revés para la oposición
La mayoría opositora, conformada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, la izquierda y el bloque Democracia Para Siempre, había impulsado el proyecto con la idea de restringir los decretos presidenciales y evitar el “abuso” del Ejecutivo.
Sin embargo, la falta de acuerdo dejó al Gobierno mejor posicionado y con margen de maniobra legislativa. Además, la oposición quedó lejos de los dos tercios necesarios para bloquear un eventual veto presidencial.

El Senado deberá ahora decidir si insiste con su versión original o si acepta las modificaciones. En cualquiera de los casos, Milei consiguió ganar tiempo político y mantener vigente el esquema actual de decretos.

Qué propone la ley
El proyecto de reforma de la Ley 26.122, sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, busca impedir que los decretos se mantengan activos sin control parlamentario. Además de fijar un límite temporal de 90 días, incluye restricciones adicionales:

Prohíbe que los decretos aborden más de una materia, para evitar “megaDNU” como el 70/23, aún vigente.
Establece que, si un decreto es rechazado, no podrá dictarse otro similar durante el mismo año.
Mantiene los efectos jurídicos de los decretos mientras dure su vigencia.
Debate intenso
El tratamiento se extendió por más de cuatro horas.
Desde el oficialismo, Nicolás Mayoraz denunció que el proyecto “busca desestabilizar al Gobierno”.
En cambio, la diputada Mónica Litza (Encuentro Federal) sostuvo que “hay que recuperar el debate institucional en el Congreso y terminar con el abuso de los DNU”.

La exlibertaria Marcela Pagano, por su parte, defendió la necesidad de equilibrio: “El Congreso no fue creado para obedecer, sino para debatir y representar”.