

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, impulsó una investigación preliminar contra el diputado nacional José Luis Espert por presuntas operaciones vinculadas al lavado de activos, en el marco de una causa que comenzó a partir de una denuncia del dirigente peronista Juan Grabois.
Fuentes judiciales confirmaron a La Nación que la pesquisa se originó por una transferencia de 200.000 dólares que Espert habría recibido en 2020 de parte del empresario Federico “Fred” Machado, actualmente requerido por la Justicia de Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por conspiración para el narcotráfico, lavado de dinero y fraude.
De acuerdo con la presentación de Grabois, el pago formaría parte de una red financiera integrada por estructuras mafiosas transnacionales con vínculos con el narcotráfico, hoy bajo proceso en el Distrito Judicial Este de Texas. En su denuncia, el referente social solicitó que se determine si las operaciones financieras atribuidas al diputado podrían constituir maniobras de blanqueo de capitales.
Por ahora, la fiscalía evalúa la documentación aportada y las eventuales medidas de prueba para establecer si existió un flujo irregular de fondos o si el dinero tuvo un origen lícito.
Aunque el expediente recién comienza, el caso introduce un nuevo foco de tensión en la escena política, al involucrar a una figura de alto perfil dentro del espacio libertario en un entramado judicial de alcance internacional.