El diputado provincial Carlos Coggiola (Neuquén Federal) presentó un proyecto que busca incorporar al Código de Faltas de la provincia un nuevo artículo que establezca sanciones contravencionales para los padres, tutores o responsables parentales que no actúen ante conductas de acoso o violencia escolar ejercidas por sus hijos.
La iniciativa prevé que, una vez notificados formalmente por la autoridad educativa, los adultos responsables deberán adoptar medidas razonables y efectivas para detener conductas de hostigamiento, discriminación o agresión física o psicológica en el ámbito escolar.
En caso de omisión injustificada, el juez competente podrá imponer una multa de cinco a 30 JUS, o bien ordenar la asistencia obligatoria a talleres de formación vinculados a los derechos del niño, convivencia escolar, responsabilidad parental y prevención de la violencia.
El texto también contempla la posibilidad de reemplazar la sanción económica por trabajos comunitarios, según la evaluación judicial. Además, establece que el juez de paz, en su carácter de autoridad contravencional, deberá requerir informes previos a la institución educativa, equipos interdisciplinarios y servicios de protección de derechos antes de dictar la resolución.
El proyecto aclara que no se aplicarán sanciones cuando se acredite que el adulto actuó con diligencia razonable, o si su inacción obedeció a circunstancias de fuerza mayor, problemas de salud o falta de medios debidamente justificados.
En los fundamentos, Coggiola subraya que la propuesta no criminaliza a niños, niñas ni adolescentes, sino que busca crear una herramienta legal que funcione como último recurso ante la inacción reiterada de los adultos responsables. Según el legislador, el objetivo es reforzar el compromiso familiar en la prevención del bullying y fortalecer la respuesta institucional frente a situaciones que vulneran la convivencia escolar.
El texto destaca, además, que las sanciones podrán conmutarse por instancias formativas, priorizando un enfoque educativo antes que punitivo, y garantizando el debido proceso y la intervención pedagógica previa en cada caso.
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