El CPE blinda la información escolar y exige prudencia ante casos conflictivos

El Consejo Provincial de Educación (CPE), a través del Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas (Eaopie), formalizó un protocolo de intervención frente a episodios críticos dentro de las escuelas, con el objetivo de ordenar los procedimientos internos y restringir la difusión mediática de información sensible.

El documento se enmarca en una serie de denuncias y episodios que, en los últimos años, expusieron públicamente conflictos institucionales y tensiones entre directivos, docentes y familias. En este contexto, el CPE busca reafirmar el control institucional sobre la narrativa de los hechos y reducir la exposición pública de las comunidades escolares.

Actuación y acompañamiento
Según detalla el protocolo, el Eaopie interviene de manera inmediata cuando toma conocimiento de una situación conflictiva, contactando al establecimiento afectado para interiorizarse y acompañar el proceso. En casos donde otros organismos —como la Justicia, la Policía o áreas de Salud— ya hayan actuado, el equipo asume un rol de acompañamiento posterior, destinado a “tramitar la conmoción” y restablecer la normalidad institucional.

El procedimiento contempla una primera orientación telefónica y una segunda instancia de trabajo presencial con la comunidad educativa. Además, se realiza un “mapeo de la situación”, una evaluación conjunta y acuerdos intersectoriales con organismos como la Defensoría del Niño y del Adolescente, o efectores de salud. El propósito, según el CPE, es “fortalecer los recursos existentes y recuperar la potencia institucional” frente a episodios de crisis.

El mensaje político detrás del protocolo
Más allá de su carácter técnico, el documento tiene una lectura política evidente: busca limitar la exposición mediática de las problemáticas escolares y centralizar el manejo informativo dentro del propio sistema educativo. En otras palabras, el CPE pone bajo advertencia a docentes, directivos y periodistas respecto de la difusión de hechos internos sin la debida mediación institucional.

Desde el organismo se subraya que la divulgación apresurada o parcial de información puede vulnerar derechos y fomentar el prejuzgamiento. En particular, se advierte sobre la “revictimización” de niñas, niños y adolescentes frente a coberturas repetidas o sensacionalistas.

El protocolo cita expresamente al Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios de la Universidad Nacional de La Plata, recordando que “no es recomendable acudir primero a los medios para dar a conocer un conflicto”, ya que la exposición pública “puede generar complicaciones secundarias” y amplificar la tensión institucional.

Derechos, comunicación y control institucional
El CPE sostiene que todas las intervenciones deben guiarse por el resguardo de los derechos del alumnado, en línea con la Ley Nacional de Educación Nº 26.206 y la Ley Provincial Nº 2302 de Protección Integral. Sin embargo, la aplicación de estos principios abre un debate sobre los límites entre la protección de derechos y el control informativo.

En un escenario de creciente sensibilidad social y mediática ante los conflictos escolares, la postura del CPE busca instalar una lógica de comunicación institucional cerrada, donde la información solo circule bajo supervisión técnica y sin exposición pública.

Un llamado de atención a los medios
“Es responsabilidad de las instituciones y de los medios proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados”, advirtió el Eaopie, en un mensaje que también puede leerse como un reclamo político hacia la prensa.

La advertencia se enmarca en un momento donde la cobertura de hechos escolares —desde denuncias de violencia hasta conflictos gremiales— ocupa un lugar central en la agenda pública. El CPE intenta, así, fijar reglas para un terreno donde la información y la protección de derechos se cruzan con la gestión política del sistema educativo.