La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, actualmente con prisión domiciliaria y tobillera electrónica por su condena en el caso Vialidad, se enfrenta a un panorama judicial complejo. Además de cumplir la pena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, la ex mandataria deberá sentarse nuevamente en el banquillo como principal acusada en al menos tres causas de alto perfil.
Entre los procesos más relevantes se encuentran:
Cuadernos de las Coimas: el juicio, considerado el de mayor envergadura por corrupción en la historia reciente, comenzará el 6 de noviembre a las 9:30 en Comodoro Py.
Cristina Kirchner está acusada de asociación ilícita en carácter de jefa, junto a un total de 174 imputados. La defensa intentó inicialmente frenar la realización del juicio y solicitó la nulidad de la causa, además de pedir la pericia de los cuadernos originales de Oscar Centeno, que confirmó la correspondencia con las copias digitalizadas.
Hotesur y Los Sauces: investigaciones vinculadas al blanqueo de activos a través de la actividad hotelera y la inmobiliaria de la familia Kirchner.
La ex presidenta, junto a su hijo y diputado nacional Máximo Kirchner, enfrentará cargos por asociación ilícita, lavado de dinero y dádivas.
El inicio del juicio se proyecta para 2026, tras la finalización de pericias contables pendientes. La defensa presentó recursos para modificar embargos y objetar la ejecución de bienes, lo que ha retrasado la fijación de fecha.
Pacto con Irán: acusada de encubrimiento agravado del atentado a la AMIA, esta causa se encuentra aún sin fecha de inicio. La investigación se inició a partir de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman y se prevé que el Tribunal Oral Federal 8 comunique la programación del juicio recién el próximo año.
En paralelo, Cristina Kirchner ha intentado postergar la ejecución patrimonial derivada de la condena en el caso Vialidad, cuyo monto asciende a 684.990 millones de pesos. A través de diversos escritos, la defensa cuestionó los cálculos de los peritos de la Corte Suprema y buscó suspender la ejecución de bienes, logrando demorar temporalmente esta instancia.
Con estas causas pendientes, la ex presidenta continúa acumulando procesos judiciales de alto impacto político y mediático, que marcarán el ritmo de la justicia federal en los próximos meses.
