

La investigación parlamentaria sobre la criptomoneda $LIBRA, promovida meses atrás en redes sociales por el presidente Javier Milei, ingresó en una fase de máxima tensión. Este martes, la comisión especial de Diputados resolvió acudir a la Justicia para exigir que dos altos funcionarios del Ejecutivo, que ya se negaron a declarar en dos oportunidades, comparezcan mediante el auxilio de la fuerza pública. La advertencia también alcanza a la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, quien fue convocada para el próximo 30 de septiembre.
El cuerpo, encabezado por el diputado Maximiliano Ferraro, decidió enviar un oficio a Comodoro Py para que Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, y María Florencia Zicavo, exresponsable de la Unidad de Trabajo de Investigación (UTI), sean obligados a presentarse en la comisión. Ambos evitaron asistir pese a haber sido convocados en reiteradas ocasiones, alegando que la causa ya se encuentra en trámite judicial.
A la ausencia de Melik y Zicavo se sumó el faltazo del presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, y del titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, quienes argumentaron compromisos en el exterior. Frente a esta cadena de negativas, la oposición resolvió marcar un precedente: “Si es necesario, que asistan con custodia”, deslizaron fuentes legislativas, recordando antecedentes en los que la Justicia ya habilitó esa medida en comisiones de control.
La decisión envía un mensaje directo a la hermana del Presidente. Karina Milei había sido citada para esta semana, pero notificó su ausencia debido a la gira oficial que acompaña a Javier Milei en los Estados Unidos. En ese marco, la comisión notificará formalmente que deberá comparecer el 30 de septiembre o, en caso contrario, podría ser requerida judicialmente su presencia mediante fuerza pública.
Además, se incorporaron nuevas citaciones a figuras vinculadas a la operatoria local de la criptomoneda: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. El objetivo de los legisladores es trazar responsabilidades políticas y operativas en torno a la difusión y eventual estafa que generó $LIBRA.
En paralelo, la oposición también avanza en otro frente que involucra a la secretaria General de la Presidencia. En un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud, se impulsó un pedido de interpelación por los audios del caso Spagnuolo, en los que se la menciona en presuntas maniobras de sobreprecios en la compra de insumos a través de la ANDIS.



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