Estafa con planes sociales en Neuquén: el Tribunal condenó a 12 exfuncionarios por fraude contra la administración pública

Tras 32 jornadas de debate oral y público, la Justicia neuquina dictó este martes su veredicto en la causa por la millonaria defraudación vinculada a planes sociales. De los 14 imputados que llegaron a juicio, 12 fueron hallados responsables de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado, mientras que dos resultaron absueltos ante el retiro de la acusación fiscal.

El núcleo del fallo
El Tribunal, integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla, resolvió por unanimidad absolver a los acusados por el delito de asociación ilícita, al considerar que la fiscalía no logró acreditar la existencia de una organización criminal estructurada. Sin embargo, concluyó que los hechos probados —un esquema de desvío de fondos canalizado desde el Ministerio de Desarrollo Social— constituyen un claro caso de fraude contra la administración pública.

Los condenados
El fallo alcanzó a exfuncionarios de primera línea, considerados coautores de la maniobra:

Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social.
Tomás Siegenthaler, excoordinador provincial de Administración.
Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales.
Luis Gallo, exdirector de Finanzas.
Laura Reznik, exdirectora de Finanzas.
Julieta Oviedo, exdirectora de Tesorería.
Néstor Pablo Sánz, exdirector de Fiscalización.
En tanto, como partícipes primarios fueron declarados culpables Valeria Honorio, Isabel Montoya, Marcos Osuna, Emanuel Victoria Contreras y Alfredo Cury.

Lo que viene
El Tribunal informó que la sentencia completa estará disponible en un plazo de 20 días. Posteriormente se abrirá una segunda instancia de juicio destinada a fijar las penas correspondientes. Allí, las defensas y la fiscalía podrán presentar nuevas pruebas relacionadas con circunstancias atenuantes o agravantes.

El contexto del proceso
La acusación estuvo encabezada por los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez, con adhesión de Gustavo Kohon en representación de la Fiscalía de Estado. La complejidad de la causa y la magnitud del perjuicio económico generaron un extenso debate judicial, que culminó con un fallo que redefine la calificación jurídica de los hechos y delimita responsabilidades individuales dentro del aparato estatal.