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Zapala se convirtió en el primer municipio de Neuquén en anunciar su adhesión a la Ley Provincial N° 3531, recientemente sancionada por la Legislatura, que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para autoridades electas y funcionarios en ejercicio.
El intendente Carlos Koopmann confirmó que enviará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para incorporar esta normativa al marco local. La medida alcanzará a intendente, concejales, secretarios, subsecretarios, el Fiscal Administrativo Municipal, la Junta Electoral y el Juez de Faltas.
Transparencia y señales políticas
“Es necesario que la política brinde señales claras de transparencia y responsabilidad, eliminando cualquier privilegio”, sostuvo Koopmann. El jefe comunal subrayó que las pruebas serán sorpresivas, confidenciales y, en caso de un resultado positivo, el implicado contará con garantías de defensa y acceso a contraprueba, tal como establece la ley.
La norma busca reforzar los estándares de responsabilidad institucional y blindar la gestión pública de posibles vínculos con el narcotráfico. En esa línea, Koopmann respaldó la decisión del gobernador Rolando Figueroa, a quien atribuyó “una determinación firme de combatir sin tregua el tráfico de drogas en la provincia”.
Alcances y procedimientos
Los análisis estarán orientados a detectar metabolitos de sustancias psicoactivas prohibidas, como opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y barbitúricos, entre otras.
Al igual que en la norma provincial, el costo del examen recaerá en cada funcionario y se descontará de sus haberes. En los casos donde tanto la prueba inicial como la contraprueba resulten positivas, la autoridad de aplicación deberá elevar un informe al organismo correspondiente para activar los mecanismos previstos en la Carta Orgánica Municipal y la legislación vigente en materia de responsabilidad pública.
Camino legislativo
El proyecto de ordenanza ingresará al Concejo Deliberante en los próximos días. La intención del Ejecutivo es que obtenga tratamiento inmediato, consolidando así a Zapala como municipio pionero en la implementación de esta política de control institucional.
Con esta decisión, la ciudad no sólo acompaña la letra de la ley, sino que envía un mensaje político claro: la función pública exige responsabilidad plena, transparencia verificable y un compromiso irrestricto frente al narcotráfico.
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