Operativo Blindaje: el Gobierno denunció una maniobra de inteligencia ilegal para frenar la difusión de audios de Karina Milei

El Gobierno nacional presentó una denuncia penal para intentar frenar la circulación de audios atribuidos a Karina Milei, en el marco de lo que calificó como una “operación de inteligencia ilegal orientada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral”. La presentación fue impulsada por el Ministerio de Seguridad y quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº12, a cargo del juez Julián Ercolini.

Los denunciados
Entre los señalados figuran los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, quienes difundieron inicialmente el material, el abogado Franco Bindi —pareja de la diputada Marcela Pagano—, y Fernando Pocino, exdirector de la SIDE con supuestos vínculos en el entramado de espionaje paralelo. También fue mencionado el empresario Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y financista de un canal de streaming en el que se habrían divulgado los audios.

La denuncia fue formalizada por Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial, y contó con el aval directo de la Presidencia. Según precisó el vocero Manuel Adorni, “no se trató de una filtración, sino de un ataque ilegal, planificado y dirigido contra funcionarios nacionales”.

La mesa de crisis en Balcarce 50
La respuesta política y judicial se diseñó en la denominada “mesa libertaria de emergencia”, instalada en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada y encabezada por Santiago Caputo. De ese ámbito participaron Sebastián Amerio, virtual ministro de Justicia; Belén Stettler, responsable de comunicación institucional; Santiago Viola, apoderado del partido oficialista; y referentes cercanos a Caputo como Macarena Alifraco y Agustín Romo.

El objetivo central de este núcleo de poder fue elaborar una estrategia que desvincule a la secretaria general de Presidencia del escándalo, tras la difusión de audios cuya autenticidad aún no fue confirmada, pero que habrían sido registrados en el interior de la Casa Rosada.

Pedido de censura preventiva
En paralelo, el Ejecutivo solicitó a la Justicia la aplicación de medidas cautelares para impedir la difusión de nuevas grabaciones. El escrito reclama que medios de comunicación, plataformas digitales y particulares “se abstengan de difundir en forma total o parcial los registros cuestionados”, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial.

Con esta ofensiva legal y mediática, la Casa Rosada busca limitar el impacto político de la crisis a menos de dos semanas de las elecciones bonaerenses, en un contexto marcado por la proliferación de denuncias cruzadas y acusaciones de operaciones de inteligencia paralela.