Cuando la discapacidad se convierte en negocio familiar: el escándalo que toca a los Milei y a los Menem

La austeridad parece tener excepciones celestiales. Mientras se recortan programas y se sermonea al pueblo sobre “vivir con lo nuestro”, 800 mil dólares mensuales habrían encontrado un camino directo hacia la Secretaría General de la Presidencia, manejada por Karina Milei. Sí, la hermana del Presidente, esa que nunca da entrevistas pero que aparece en todas las grabaciones.

La bomba la tiró el abogado Gregorio Dalbón, que denunció penalmente a Javier y Karina Milei, a Eduardo “Lule” Menem y al director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Según la acusación, la familia presidencial y sus socios armaron un engranaje que mezcla coimas, sobreprecios en medicamentos y la siempre confiable muleta de la política criolla: la droguería amiga. En este caso, Suizo Argentina, de Eduardo Kovalivker.

Los audios filtrados son el corazón del escándalo: Spagnuolo reconoce la existencia de un sistema de “recaudación ilegal” con porcentajes bien claros. “De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%. Lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia”, se lo escucha decir. Traducción: el Estado te compra, vos devolvés, y la caja fluye hacia arriba.

Karina Milei, siempre señalada como “La Jefa” de la troupe libertaria, aparece nombrada como receptora directa del 3%. Y para que no falte el toque tragicómico, Spagnuolo agrega: “Yo hablé con el Presidente. Tengo todos los WhatsApp de Karina. Él no está metido, pero es toda la gente de él”. Un clásico: “yo no fui, fue mi hermano”.

El esquema tiene ribetes obscenos. ANDIS, un organismo creado para garantizar prótesis, tratamientos y medicamentos a personas con discapacidad, se habría convertido en una máquina de recaudar retornos. Cada peso desviado hacia coimas es, en los hechos, un niño sin audífono, un adulto sin medicación, una familia entera que queda a la intemperie.

Dalbón lo definió sin vueltas: “El cinismo es total. Mientras se recortaban prestaciones con el discurso de la austeridad, corría en paralelo un circuito de retornos millonarios. No era caridad, era negocio”.

Los números duelen: 800 mil dólares mensuales a la Secretaría General y otros 30 mil para la burocracia intermedia. Un “modelo de gestión” que, si se prueba, pasará a la historia como uno de los mayores fraudes en salud pública.

La denuncia pide allanamientos en ANDIS, la Secretaría General y las oficinas de Suizo Argentina, además de la lupa de la UIF sobre los movimientos bancarios y la IGJ sobre las sociedades. Porque si algo dejó claro esta trama es que la “casta” que se iba a terminar terminó organizando su propia kermesse con la vulnerabilidad social.

Lo más irónico: el gobierno que llegó a caballo de la motosierra para cortar privilegios parece haber encontrado en la discapacidad el más rentable de todos.

Los audios filtrados revelan incluso frases como 'Si no hay aporte, no hay medicamentos'. Esto es así. No es caridad, es negocio".
 

Según los datos aportados por Dalbón, el esquema habría generado ingresos ilegales por alrededor de 800 mil dólares mensuales destinados a la Secretaría General de la Presidencia. Además, se suman pagos adicionales a intermediarios por unos 30 mil dólares mensuales... 

Palabras más, palabras menos, las cifras reflejan la magnitud del presunto fraude y ponen al gobierno de las fuerzas del cielo en el centro de uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del país. "La vulnerabilidad social fue transformada en un negocio privado", denunció Dalbón. 

En su presentación ante el Juzgado Federal, Dalbón solicitó una serie de medidas urgentes para preservar pruebas y avanzar en la investigación. Entre ellas se destacan:

Allanamientos. Requerimiento para ingresar a las sedes de ANDIS, la Secretaría General de la Presidencia y las oficinas de Suizo Argentina con el objetivo de secuestrar documentación vinculada a contratos y dispositivos electrónicos.
Investigación financiera. Pedido a la Unidad de Información Financiera (UIF) para analizar los movimientos bancarios de Suizo Argentina.
Información societaria. Solicitud a la Inspección General de Justicia (IGJ) para obtener detalles sobre la composición societaria y vínculos comerciales entre Suizo Argentina y funcionarios del gobierno.