Martín Menem, del negocio con el Estado al corazón del poder político

Por la puerta de la “libertad” entró un proveedor privilegiado del Estado. Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados y figura ascendente del oficialismo libertario, acumula años de contratos millonarios con organismos públicos. Lo que hoy se presenta como una nueva política tiene viejas raíces: negocios, familia y acceso privilegiado.

 
Del relato liberal al modelo de contratista
Martín Menem construyó su fortuna mucho antes de llegar al Congreso. A través de Tech Security, la firma de seguridad privada que fundó con sus hermanos, le facturó al Estado más de $6.000 millones desde 2017. Aunque hoy asegura haberse desvinculado de la empresa, su historial sigue marcando el paso entre contratos preadjudicados y nuevas licitaciones que siguen beneficiando al grupo.

Una de las más recientes: la adjudicación por $1.318 millones para custodiar el hospital René Favaloro, donde Tech Security ya prestaba servicios. Todo esto, mientras Menem ya presidía Diputados.

 
 Un entramado de empresas, vínculos y subsidios públicos
Tech Security no es la única firma con conexiones familiares. Menem también aparece vinculado a Gentech, la fábrica de barras proteicas Iron Bar, junto al empresario Sergio Aguirre. Curiosamente, Aguirre también lidera HTECH Innovation, otra firma contratada por el Estado, esta vez por la intervención de la obra social de la UATRE. Ambos fundaron además TR Nutrition, dejando entrever una estrategia diversificada pero con el mismo patrón: vínculos privados con el aparato estatal.

 
Seguridad privada, precarización pública
Mientras Tech Security expande su dominio en organismos estatales, especialistas advierten que el sector de la seguridad privada es uno de los más opacos en términos laborales. Contratos breves, alta informalidad, salarios que apenas cumplen convenios y condiciones precarizadas son moneda corriente. Un modelo que gana con la rotación y la debilidad sindical.

Desde el gremio UPSRA, que agrupa a más de 250 mil trabajadores, señalan prácticas sistemáticas de evasión y explotación laboral, amparadas muchas veces en las propias reglas del mercado que el Gobierno promueve. El ministro Sturzenegger, incluso, incluyó al gremio entre los que buscarían adherir al Fondo de Cese Laboral, un mecanismo que busca eliminar las indemnizaciones por despido.

 
Del Luna Park a los museos: seguridad a la carta
La expansión de Tech Security parece no tener límites. Además de organismos como la SRT, Cultura y hospitales públicos, también custodiaron el acto del presidente Milei en el Luna Park, y figuran entre los prestadores de seguridad de clubes como River y Racing, barrios privados y eventos culturales.

El entramado de contratos adjudicados es tan extenso como silencioso. Desde 2017, se acumulan licitaciones con la SRT, el Ministerio de Cultura, Fabricaciones Militares y hasta el Belgrano Cargas. Algunas de las cifras más recientes:

$117,9 millones en junio de 2024 para la SRT
$146 millones con la Municipalidad de Vicente López
$100,1 millones en 2021 para los museos nacionales
 
Relaciones discretas, negocios opacos
Uno de los nombres que circula en los pasillos del poder es Nicolás Julián Hazaff, presidente de la Cámara de Servicios Aeroportuarios y fundador de Global Protection Service (GPS). Aunque no hay pruebas comerciales entre Hazaff y Menem, se señala una coincidencia académica en la Universidad de Belgrano y un mismo origen sirio-libanés, como la familia Menem.

GPS también ha sido beneficiada por la desregulación del sector aerocomercial, impulsada por el actual gobierno. Entre sus contratos aparecen:

$600 millones por custodiar el Teatro Cervantes
$289,6 millones con Enargas
$174 millones con el Incucai
$87 millones en el Aeropuerto de Morón
 
⚠️ ¿Nueva política o vieja Argentina?
Mientras el oficialismo construye un discurso refundacional, la práctica parece repetir los viejos patrones: construcción de poder, redes empresariales, y negocios en nombre de la eficiencia del sector privado. Martín Menem encarna un modelo híbrido: liberal en el discurso, pero estatista en los contratos.

La gran pregunta no es si dejó de pertenecer a su empresa. La pregunta es si alguna vez dejó de representarla.