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Por Redacción Infogo Diario | 20 de julio de 2025
En una medida sin precedentes en la historia reciente de Brasil, la Corte Suprema ordenó la colocación de una tobillera electrónica al expresidente Jair Bolsonaro y lo acusó formalmente de intentar desestabilizar la democracia brasileña en colaboración con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además, se le impuso una serie de restricciones severas, incluyendo la prohibición de usar redes sociales y de comunicarse con su hijo Eduardo Bolsonaro.
La decisión fue tomada por el juez Alexandre de Moraes, quien lidera la investigación sobre el intento de golpe ocurrido en 2023. La resolución llegó tras un operativo de la Policía Federal que allanó la residencia del exmandatario ante el temor de una fuga. Durante el procedimiento se incautaron cerca de 14 mil dólares en efectivo, una memoria USB y un celular ocultos en un baño, elementos que ahora están en manos de peritos forenses.
Según fuentes judiciales, aunque se barajó la posibilidad de dictar prisión preventiva, se optó por una medida intermedia: el monitoreo electrónico permanente de Bolsonaro, sumado a la prohibición de acercarse a embajadas, por el riesgo de que intente solicitar asilo en países afines como Estados Unidos, Argentina o Hungría.
Entre las acusaciones más graves se encuentra la sospecha de una trama internacional. La Corte sostiene que Bolsonaro habría mantenido reuniones confidenciales con funcionarios del Departamento de Estado norteamericano —particularmente con Ricardo Pita, asesor para el Hemisferio Occidental— y que estaría buscando una intervención directa de Trump en su defensa. En esa línea, el propio Trump publicó una carta en su red Truth Social en la que exige "poner fin inmediatamente al proceso" contra su "amigo Bolsonaro".
A su vez, la Justicia brasileña investiga a Eduardo Bolsonaro por su presunto rol en esta estrategia internacional. El diputado, actualmente en Estados Unidos, podría renunciar a su banca para evitar regresar al país y enfrentar una eventual orden de detención.
Las autoridades brasileñas lo acusan de obstrucción a la justicia, coacción durante el proceso y promoción de actos hostiles contra su propio país. La Fiscalía General ya formalizó cargos contra el expresidente por intento de golpe de Estado, atentado contra el Estado de derecho, daños agravados, deterioro del patrimonio federal y participación en una organización criminal. Las penas podrían superar los 40 años de prisión.
El documento difundido por la Corte, tras levantarse el secreto de sumario, revela que Jair Bolsonaro habría utilizado sus redes para promover la intervención extranjera, exigiendo a las "Potencias" que actúen para "restablecer la normalidad institucional" en Brasil. Además, confirma que interfirió en decisiones comerciales vinculadas a los aranceles estadounidenses y que su entorno habría presionado para forzar una crisis económica en el país y, con ello, influir en las decisiones del Supremo Tribunal Federal.
Mientras tanto, el presidente Lula da Silva aprovechó la cadena nacional del jueves por la noche para enviar un mensaje contundente: calificó a los Bolsonaro como "traidores a la patria", advirtió que no aceptará "chantajes externos" y anunció que Brasil recurrirá a la OMC y a todas las vías legales para responder a las sanciones comerciales impuestas por Washington.
La causa, que ya sacudió el tablero político, podría tener consecuencias diplomáticas de gran escala, en un momento en que las tensiones entre los poderes brasileños y el bolsonarismo alcanzan niveles críticos.
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