Todo lo que podrían subastarle a Cristina Kirchner si no devuelve los $85 mil millones desviados

 
Tras la resolución de la Corte Suprema que confirmó la condena -de seis años de prisión - contra Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta y corrupción por la Causa Vialidad, el Ministerio Público avanza en una nueva etapa del proceso: la ejecución de bienes.
El fiscal federal Diego Luciani prepara una presentación para intimar a los acusados a restituir los fondos en un plazo de diez días hábiles. En caso de incumplimiento, se procederá a ejecutar patrimonios de la ex presidenta, también de sus hijos Máximo y Florencia, y del empresario Lázaro Báez, considerado el principal beneficiario de las adjudicaciones irregulares en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
Cabe aclarar que esto ocurrirá si no se concreta la devolución de los fondos públicos desviados. La cifra total del perjuicio ronda los 85 mil millones de pesos.
Más de 20 propiedades, empresas y cuentas bancarias vinculadas a la expresidenta y a otros condenados en la Causa Vialidad podrían ser subastadas.

Inmuebles, empresas y dólares bajo la lupa judicial
Entre los activos alcanzados por la medida se encuentran 27 propiedades, cinco cocheras ubicadas en el edificio Madero Center y dos firmas familiares: Hotesur y Los Sauces. Estas empresas fueron utilizadas para canalizar ingresos por alquileres de hoteles y otras propiedades, muchas de las cuales fueron contratadas por empresarios beneficiados con licitaciones estatales, así lo señaló Infobae.

 
En el caso de Florencia Kirchner, la Justicia mantiene bajo embargo 4,6 millones de dólares depositados en Hotesur, además de otro millón en una cuenta bancaria a su nombre. La posibilidad de que estos fondos pasen a formar parte de la devolución exigida por el Ministerio Público está siendo evaluada por los tribunales que intervienen en la etapa de ejecución de sentencia.

En paralelo, se espera el avance sobre los bienes de Lázaro Báez, quien concentra cerca de 60 propiedades distribuidas en su mayoría en la Patagonia. Varios de esos inmuebles permanecen sin uso y figuran a nombre de sociedades anónimas investigadas en distintas causas por lavado de dinero y corrupción.

Obras abandonadas y contratos cobrados en su totalidad
Uno de los puntos centrales del fallo judicial radica en la modalidad del fraude. La Justicia determinó que el 50% de las obras viales adjudicadas a empresas de Báez fueron abandonadas. A pesar de que los avances físicos de esos proyectos se mantuvieron entre un 16% y un 36%, el empresario cobró la totalidad de los contratos otorgados por el Estado. Esta diferencia entre lo efectivamente ejecutado y lo pagado configura, según la sentencia, una de las maniobras más graves de desvío de fondos públicos en democracia.

El Estado busca ahora recuperar parte de ese dinero mediante la ejecución forzosa de bienes. El reclamo de resarcimiento había sido postergado durante el gobierno de Alberto Fernández, pero con la ratificación de la condena por parte de la Corte, la fiscalía reactivó la demanda patrimonial contra los responsables del desfalco.

Otro escándalo con fondos públicos: el caso Ottavis
En paralelo, otro expediente por presunto desvío de fondos públicos sacudió la escena política esta semana. Se trata de una causa abierta contra José Ottavis, exdirigente de La Cámpora, quien habría constituido en Corrientes una asociación civil llamada "Amarte Argentina". Esta entidad recibió más de 11 mil millones de pesos del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), destinados a obras que no se completaron.

Aunque los montos en juego en este caso son menores en comparación con la Causa Vialidad —ocho veces inferiores, según fuentes judiciales—, el patrón de asignación de dinero sin control efectivo vuelve a despertar cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión pública. La acumulación de denuncias refuerza la presión social y política para que los condenados respondan no sólo penalmente, sino también con su patrimonio.