Ya rige la nueva ley que impide ser candidato o asumir funciones públicas a quienes tengan condenas penales o deudas alimentarias. Aplica a todos los niveles del Estado y busca elevar la vara de la transparencia.
Política06 de abril de 2025
Desde este viernes, la provincia de Neuquén se suma al club de las que dijeron “no, gracias” a los funcionarios con antecedentes penales o deudas importantes. ¿Cómo? Oficializando la Ley N° 3498 de Ficha Limpia, publicada en una edición especial del Boletín Oficial.
¿De qué se trata esta nueva norma? Básicamente, impide que personas con condenas penales en segunda instancia, deudas con el fisco o con sus propios hijos (sí, deudores alimentarios), puedan ser candidatas o asumir cargos públicos en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También incluye al Consejo de la Magistratura y a los municipios.
¿Quiénes quedan afuera?
Personas con sentencia firme por delitos dolosos, ya sea comunes o federales.
Condenados por corrupción, narcotráfico, evasión tributaria, entre otros.
Deudores alimentarios morosos.
Personas registradas en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género.
Quienes hayan accedido a una suspensión de juicio a prueba (probation) por delitos dolosos.
Seamos claros: si tenés un prontuario así, ni sueñes con ser ministro, vocal, director, magistrado, fiscal o parte del Tribunal de Cuentas. Y tampoco zafás si apuntás a algún cargo en tu municipio: también aplica para secretarios y directores municipales.
Dato clave: esta ley entra en vigencia de inmediato y se invita a los municipios de primera categoría a sumarse. Con esto, Neuquén se alinea con otras provincias como Chubut y Río Negro, que ya aplican criterios de idoneidad y conducta limpia para ingresar a la función pública.
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Esta deuda, que asciende a 180.000 millones de pesos, corresponde a los fondos que la Anses dejó de transferir a la caja jubilatoria del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) desde 2017.
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Ya rige la nueva ley que impide ser candidato o asumir funciones públicas a quienes tengan condenas penales o deudas alimentarias. Aplica a todos los niveles del Estado y busca elevar la vara de la transparencia.
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