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"En cana" seis meses más; Medio año más de prisión preventiva para Soiza y Osuna

La solicitud fue presentada por el fiscal Pablo Vignaroli, quien aseguró que la elevación a juicio es "inminente".

Estafa Planes Sociales09 de enero de 2024
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CONOCE-EL-CUADRO-TARIFARIO-VIGENTE

En una audiencia llevada a cabo hoy, la jueza de Garantías, Carina Álvarez, decidió extender la prisión preventiva por seis meses más para Ricardo Soiza y Marcos Ariel Osuna, dos de los principales imputados en la estafa con planes sociales en la provincia de Neuquén. La solicitud fue presentada por el fiscal Pablo Vignaroli, quien aseguró que la elevación a juicio es "inminente".

La decisión de la jueza se basó en considerar que los riesgos procesales que llevaron a la detención de los acusados "siguen vigentes". A pesar de un intento de mejora de situación por parte de uno de los imputados, la solicitud de la fiscalía fue respaldada, argumentando acciones de entorpecimiento y manipulación de pruebas por parte de los acusados.

El fiscal Vignaroli destacó las acciones de los imputados hacia otros coimputados, a veces a través de su abogado defensor de entonces, Alfredo Cury. Se afirmó que el objetivo era obstaculizar la investigación, dificultando el hallazgo de dispositivos electrónicos o la preservación de información relevante.

El plazo para la investigación fiscal vence el 29 de julio, pero Vignaroli sugiere que la acusación podría presentarse antes. Soiza y Osuna, acusados como líderes de la asociación ilícita dedicada a estafas con planes sociales, enfrentan la posibilidad de juicio en julio. Mientras tanto, otro imputado con prisión preventiva, Pablo Sánz, se encuentra bajo arresto domiciliario.

La defensa de los acusados solicitó un tratamiento similar, pero la jueza Álvarez respaldó la posición de la fiscalía. Además de los principales implicados, hay otros 26 imputados, entre particulares, empleados de Desarrollo Social y de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda, todos acusados por asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjetas de débito.

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