En un clima de tensión, los movimientos sociales realizan la primera marcha contra el gobierno de Milei

El Gobierno aseguró que pondrá en práctica el protocolo antipiquetes.

— Bullrich, sobre los que hagan piquetes: “Se van a identificar con drones, fotos y pidiendo DNI”
— “La decisión está tomada y es hacer cumplir la ley”, dijo Adorni sobre la aplicación del protocolo

 
El protocolo para regular la protesta social que lanzó la semana pasada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la adventicia de la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, de cortar el beneficio de los planes sociales a quienes participen de cortes de calles y movilizaciones, puso a las organizaciones sociales en estado de alerta.

Las agrupaciones aseguran que además de cercenar derechos constitucionales, el Gobierno no ofrece respuestas concretas sobre obras y provisión de alimentos en un contexto de constantes aumentos de precios. Pese a las advertencias, las organizaciones marcharán hoy a Plaza de Mayo.

Será la primera movilizaciones que enfrenta el Gobierno de Javier Milei a apenas diez días de haber asumido la presidencia de la Nación y en un contexto de máxima tensión. Pettovello, afirmó este lunes que

“todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado” de cortes de calles “perderán” los planes sociales y “todo tipo de diálogo” con su cartera.

La declaración de la funcionaria sumó tensión en la relación entre el gobierno de Javier Milei y las organizaciones sociales.

“Los anuncios de Petovello están en la misma sintonía que las medidas (del Ministro de Economía, Luis) Caputo y de Bullrich con el protocolo de Seguridad y representan un ataque y amenazas a los trabajadores sociales y a quienes cobran un plan social.Seremos miles los trabajadores que nos vamos a movilizar. Los planes están congelados y no es que los van a dar de baja porque alguien se movilice. Van a desaparecer como producto del proceso inflacionario”, señaló a través de un comunicado, Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, una de las organizaciones que se movilizarán mañana a Plaza de Mayo.

Desde este sector, se denuncia además que “los depósitos de alimentos para comedores populares están vacíos y no hay una perspectiva sobre el cobro del aguinaldo para los trabajadores desocupados”.

En la primera semana del gobierno de Milei hubo contactos entre las organizaciones y los funcionarios de Capital Humano, la cartera que ahora engloba a Educación, Trabajo y Desarrollo Social, el Ministerio que desde los tiempos de Alicia Kirchner administraba el otorgamiento de planes sociales.

Esa cartera quedó subsumida en la Secretaría de Niñez y Familia y el encargado de recibir y oficiar de nexo entre el Ejecutivo y las agrupaciones sociales es Héctor Calvente, actual secretario de Seguridad de San Miguel y vinculado al hombre fuerte de ese distrito, Joaquín de la Torre. 

Los primeros contactos se llevaron a cabo en el piso 14 del edificio ubicado en la intersección de Belgrano y la 9 de Julio, y no dejaron conformes a los integrantes de las organizaciones. 

“No conocen sobre las obras en los barrios populares, que están paradas, y el trabajo en los comedores populares. Además, tenemos problemas con los proveedores, que en medio de la escalada inflacionaria no le quieren vender al Estado hasta que no haya un precio”, señaló en diálogo con elDiarioAR, Marianela Navarro, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

En medio de esos contactos, se produjo el anuncio del “protocolo de acción pública” de Bullrich, por el cual se disponen sanciones por movilizar, cortar calles y “financiar” el traslado de los manifestantes a las eventuales protestas como las que hoy tendrán como epicentro a la Plaza de Mayo.

“El protocolo es inconstitucional y los anuncios de Pettovello reafirman una ilegalidad. Es una forma de extorsionar a los beneficiarios de los planes”, remarcó Silvia Saravia, dirigente de Barrios de Pie.

Saravia adelantó que acompañarán las presentaciones judiciales que presentaron ante la justicia organismos de derechos humanos como el Servicio de Paz y Justicia y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Esta semana, más de 1700 organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, estudiantiles y políticas denunciaron ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional y solicitaron el “cese” de su aplicación.

“Junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, pedimos a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Las presentaciones también fueron acompañadas por más de 15.000 firmas individuales”, sostuvo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) por medio de un comunicado. 

Entre los solicitantes de esta medida figuran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular-UTEP, la Ctep, ATE Nacional, Somos Barios de Pie, Polo Obrero, Patria Grande, Partido Obrero y Nuevo Encuentro.

Barrios de Pie, el FOL y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) adelantaron que no participarán de la marcha de mañana a Plaza de Mayo, pero comunicaron que realizarán una jornada de lucha el viernes, que incluirá la instalación de ollas populares en varios puntos del país.

El dirigente social Juan Grabois aclaró que no formará parte de la convocatoria de la Unidad Piquetera y del Polo Obrero a Plaza de Mayo, pero confirmó que integrará una comisión que supervisará el accionar de las fuerzas de seguridad durante una convocatoria que sus organizadores estiman que tendrán un carácter multitudinario.

Ante las advertencias oficiales de cortar beneficios y habilitar la línea 134 para habilitar denuncias sobre “los intermediarios” que puedan obligar a los beneficiarios a marchar, las organizaciones interpusieron ante la Justicia Federal un Habeas Corpus Colectivo que lleva la firma del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, entre otras personalidades políticas y sociales.

Más allá de esta situación de conflicto en el inicio de la relación entre el Gobierno y las organizaciones sociales, grupos de mujeres, responsables de comedores y merenderos comunitarios, administrados por la organización social Somos Barrios de Pie, solicitaron que Pettovello les conceda una audiencia “ante el delicado cuadro de la situación social del país”.

Ante los constantes aumentos de precios, los refuerzos de la AUH y el Progresar Trabajo dispuestos por el Gobierno, llegarán recién en enero y pueden licuarse rápidamente en medio de la escalada inflacionaria. En este panorama, las próximas semanas serán decisivas para conocer cómo se configura el vínculo entre el Ejecutivo y las organizaciones sociales en medio de esta crisis.