El ahorro de $272 millones por licencias docentes injustificadas destaca en el ámbito educativo

En un esfuerzo por mejorar la salud ocupacional en el sistema educativo, se han obtenido resultados significativos en términos de ahorro y control de licencias médicas. Los primeros datos del año 2023 revelan una disminución del 29% al 25% en el pago por licencias por certificado médico que no están debidamente respaldados, en comparación con septiembre de 2022.

El ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo, explicó que "en septiembre del año pasado se tomó la decisión de realizar una auditoría externa debido a la falta de capacidad del sistema interno para manejar la cantidad de certificados médicos presentados. Esta medida buscaba abordar de manera más efectiva la salud ocupacional del personal del sistema educativo".

Llancafilo destacó la responsabilidad del Estado para "garantizar el derecho de los trabajadores a licencias debidamente justificadas y llevar a cabo los controles correspondientes. Si bien la mayoría de los empleados del sistema educativo presentan certificados de manera adecuada, la auditoría reveló un alto porcentaje de certificados con serias inconsistencias en su presentación".

Gracias al refuerzo del área de salud ocupacional, se ha logrado un aumento en el promedio mensual de altas a 500, en comparación con las anteriores 200. Como resultado de esta auditoría, se ha ahorrado un total de 272 millones de pesos en el último mes, correspondientes a inasistencias médicas injustificadas. Esto se traduce en una reducción del 29% al 25% en el pago de licencias por certificado médico desde septiembre de 2022. Los esfuerzos para mejorar estos números han sido progresivos y se destaca la colaboración de la Dirección Provincial de Salud Ocupacional y los Recursos Humanos del Consejo Provincial de Educación en coordinación con la auditoría externa.

Según el informe de la auditoría, entre enero y mayo se presentaron 75,763 certificados, los cuales fueron auditados en su totalidad gracias a los 25 profesionales dedicados exclusivamente a este proceso de control. La auditoría abarca certificados cargados por los interesados en un sistema digital en línea. Se ha identificado que algunos certificados están debidamente justificados, mientras que otros no cumplen con los parámetros necesarios para respaldar su validez.

El servicio contratado incluye auditorías médicas digitales, en consultorios y domicilios, participación en Juntas Médicas y revisión de historias clínicas. Con un costo mensual de aproximadamente 14 millones de pesos, su objetivo principal es garantizar un enfoque integral de la salud ocupacional, un tratamiento adecuado en caso de licencias prolongadas y reducir el impacto en la masa salarial causado por suplencias no justificadas, sin que esto implique la pérdida de derechos. La auditoría se realiza en tiempo real y brinda una respuesta personalizada en menos de 24 horas a quienes presentan certificados médicos.

Además, el servicio contratado trabaja en estrecha colaboración con la Dirección Provincial de Salud Ocupacional del Consejo Provincial de Educación, lo que permite conocer la cantidad de certificados emitidos por cada profesional.

En el año 2022 se detectó que un mismo profesional había emitido 34 certificados en un mismo día, un caso aislado que al menos llama la atención. También existe un profesional que denunció que circulan certificados con su sello y firma falsificada, en tal sentido se detectaron 188 certificados con esa característica a partir de filtrar la base de datos, por lo que pierde su validez. Este tipo de situaciones llevó a tomar la decisión de solicitar en los próximos días reuniones con el Ministerio de Salud y colegios de profesionales.

Al festival de certificados médicos que ponen a los docentes bajo la lupa,  se le suma una “Enferma” por Barcelona

Una docente ha sido objeto de un sumario debido a su prolongada licencia médica. Según el informe, la agente ha apelado esta decisión ante la Junta Médica del CPE. Sin embargo, se ha comunicado a la Directora Provincial de Medicina Laboral que no se llevará a cabo la junta de apelación debido a que uno de los médicos integrantes de la misma es el profesional encargado del tratamiento de la docente infractora. A la docente radicada en Barcelona, se le abrió un sumario y podría llegar a sufrir la baja del sistema.

Se han descubierto casos similares con personal de Educación que tiene licencias médicas prolongadas y que están radicados en diferentes partes de Argentina. Los informes muestran docentes y profesores establecidos en Córdoba, Mendoza, Salta, La Rioja, Tucumán, Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, todos bajo auditoría y sumarios.

Esta situación revela la ausencia del Estado y el beneficio de aquellos que actúan de manera oportunista. Después de un año de trabajo, se empiezan a ver los primeros resultados, que ponen de manifiesto los abusos cometidos contra el Estado debido a la falta de controles y la complicidad de diversos sectores responsables, que han ignorado esta problemática durante décadas, mientras el despilfarro aumentaba.

Como resultado del abuso en la emisión de certificados médicos sin pruebas de patologías, la provincia pagó un promedio de 750 millones de pesos mensuales en 2022 y sufrió un ausentismo promedio del 30% en las aulas.

Los controles externos realizados han reducido el ausentismo y han permitido redirigir los fondos que anteriormente se destinaban a licencias por enfermedad.

Llancafilo, el encargado de abordar esta situación, se mantiene firme en su convicción de implementar medidas que fomenten la reconciliación entre padres, alumnos y docentes. Esta lucha apenas comienza y, a juzgar por los resultados, parece ser el camino correcto. Sin embargo, queda por ver hasta qué punto las "corporaciones" estarán dispuestas a aceptarlo y apoyarlo.