La disputa por las represas de Neuquén y Río Negro tras conocerse que el gobierno nacional decidió entregarle a Enarsa, una empresa estatal, el manejo de las hidroeléctricas, no ha generado más que un quiebre en la relación de Nación con las Provincias. Los cuestionamientos a tal decisión continúan y la Convención del MPN dirigida por Jorge Sapag, se sumó al rechazo de la medida nacional.
La Convención del Movimiento Popular Neuquino(MPN) emitió su rechazo «total y absoluto» a la decisión del gobierno nacional de transferir el manejo de los complejos hidroeléctricos sobre los ríos Neuquén y Limay a la empresa ENARSA. Sostuvieron que tal decisión resulta una «medida de altísima gravedad institucional que pone en riesgo el orden constitucional de la República y es un ataque a los derechos del pueblo neuquino».
El órgano partidario presidido por Jorge Sapag, cuestionó la resolución de Nación y exigió una convocatoria urgente para lograr una mesa de diálogo con las provincias, las cuales expresó deben «tener una participación protagónica como titulares del dominio originario por expresa disposición constitucional». También remarcó que la medida significó «un avance ilegítimo sobre la autonomía y competencia de las provincias para el ejercicio del dominio de los recursos naturales propios, consagrados en la Constitución Nacional”.
En este sentido citaron el artículo 124 que establece expresamente que «corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio», aclarando que el agua es un bien provincial como también sus múltiples aprovechamientos. Los convencionales del MPN puntualizan que es menester que se convoque a una mesa de diálogo donde haya una participación activa de los gobiernos de Neuquén y Río Negro.
A su vez, el gobierno partidario manifestó su total apoyo “a todas las acciones que el gobierno de la provincia del Neuquén considere necesarias llevar adelante en defensa de los derechos del pueblo neuquino, frente a este ataque llevado a cabo por el gobierno nacional en su perjuicio, toda vez que está en juego la seguridad de las poblaciones asentadas aguas abajo y la administración del agua para consumo humano y de las producciones frutícolas e industriales”.
El documento firmado por todos los integrantes del cuerpo partidario, sostuvo que «las decisiones en materia de energía, deben ser cuestiones de política de estado que deben surgir del consenso entre Nación y las Provincias», por lo cual consideran que: «cualquier otro camino es un atropello al federalismo al Estado de Derecho».
