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title: "Francia: los sindicatos rechazan las medidas del Gobierno y mantienen las protestas estudiantiles"
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description: "El Ejecutivo de Emmanuel Macron anunció un paquete educativo de 5.000 millones de euros, con nuevas plazas universitarias, más docentes y límites a la cantidad de alumnos por aula. Las organizaciones sindicales y estudiantiles consideran que las medidas no alcanzan para resolver los problemas de fondo. En paralelo, el Senado debate un proyecto para endurecer las sanciones por vandalismo y el Gobierno impulsa mayores controles sobre contenidos ilegales en redes sociales."
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date_published: "2026-10-27T12:49:00-03:00"
date_modified: "2026-10-27T12:56:09-03:00"
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# Francia: los sindicatos rechazan las medidas del Gobierno y mantienen las protestas estudiantiles

![d582a4736f28082c689e739a2243a51b](/download/multimedia.normal.8ce2c8b610981275.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)El Gobierno francés presentó una serie de medidas para intentar responder a las protestas estudiantiles que desde hace semanas atraviesan el país. Sin embargo, los anuncios no lograron conformar a los sindicatos docentes ni a las organizaciones estudiantiles, que reclaman más recursos, mejores condiciones de enseñanza y una respuesta estructural a las dificultades del sistema educativo.

El plan oficial contempla una inversión estimada en **5.000 millones de euros** para renovar establecimientos, reducir la cantidad de estudiantes por aula y modificar el sistema de acceso a la educación superior. También incluye la creación de 15.000 plazas adicionales en universidades y otras instituciones de enseñanza superior, la actualización de las becas de acuerdo con la inflación y un límite de 28 alumnos por clase en el segundo año de bachillerato francés, conocido como *seconde*. La aplicación comenzaría en los centros más desfavorecidos.

Otra de las iniciativas prevé reemplazar progresivamente **Parcoursup**, la plataforma de admisión universitaria cuestionada por los estudiantes. El Gobierno proyecta poner en marcha una nueva herramienta en 2028.

Pese al alcance económico anunciado, los representantes del sector educativo advirtieron que las medidas no resuelven los problemas de falta de personal y recursos que dieron origen a las movilizaciones.

### Los sindicatos reclaman más docentes y mejores condiciones

La secretaria general del sindicato docente SNES-FSU, **Sophie Venetitay**, sostuvo que las propuestas oficiales resultan insuficientes frente al malestar que existe en los establecimientos educativos. Entre las principales demandas del sector figuran ampliar la reducción de alumnos por aula y sumar trabajadores para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

“Lo que anunció hoy el ministerio es apenas el comienzo de una respuesta”, afirmó Venetitay, quien advirtió que las decisiones comunicadas no alcanzarán para desactivar el descontento.

Las organizaciones estudiantiles también describieron las concesiones como un primer paso, pero ratificaron las movilizaciones previstas para el sábado y el 5 de noviembre.

Por su parte, el ministro de Educación, **Édouard Geffray**, confirmó que el Gobierno dejará sin efecto las 836 supresiones de puestos previstas en el presupuesto de 2027. A esa decisión se sumará la creación de otros 500 cargos docentes en los institutos públicos.

El paquete incluye, además, la apertura de un debate sobre la presión académica que soportan los alumnos. En ese marco, el Ejecutivo prevé revisar el sistema de evaluación continua del bachillerato y la organización de las especialidades, con el objetivo de aliviar la carga horaria de los estudiantes.

El ministro de Presupuesto, **David Amiel**, estimó en 5.000 millones de euros el costo del conjunto de las medidas educativas y señaló que el gasto se compensará mediante recortes en otras partidas. La implementación deberá afrontar, además, las restricciones derivadas del endeudamiento público francés, que se aproxima al 120% del producto interno bruto, y las dificultades del Ejecutivo para cerrar las cuentas del próximo año.

### El Senado analiza penas más severas por actos de vandalismo

Mientras intenta contener el conflicto con anuncios educativos, el Gobierno también avanza con una respuesta de carácter punitivo frente a los destrozos registrados durante las manifestaciones.

El Senado examina un proyecto de ley conocido como **“quien rompe, paga”**, orientado a facilitar las indemnizaciones a las víctimas y reforzar la responsabilidad civil y penal de quienes participen en hechos de vandalismo. La iniciativa fue impulsada después de los saqueos y daños ocurridos el 17 de octubre.

Entre sus principales disposiciones, el texto propone elevar de uno a tres años las penas máximas de prisión y aumentar las multas de 15.000 a 45.000 euros. También contempla habilitar el uso de drones con fines judiciales, suspender determinadas cuentas en servicios digitales y embargar algunas prestaciones sociales a las personas responsables de los daños.

La propuesta extiende, además, la responsabilidad civil a quienes permanezcan en el lugar de los destrozos pese a una orden de dispersión. Uno de los puntos cuestionados es el límite de 10.000 euros previsto para los reembolsos por cada persona implicada.

La iniciativa generó objeciones por el alcance de las sanciones y sus posibles efectos sobre el derecho a manifestarse. Sectores de izquierda alertaron sobre los riesgos para las libertades públicas, mientras que los defensores del proyecto argumentan que la norma busca diferenciar las protestas pacíficas de los hechos delictivos.

### Más herramientas estatales para actuar sobre las redes sociales

En paralelo, el Ejecutivo presentó una enmienda destinada a ampliar su capacidad de intervención sobre las plataformas digitales que no retiren determinados contenidos ilícitos dentro de los plazos establecidos.

La propuesta fija un plazo de una hora para eliminar publicaciones que inciten a cometer atentados, promover una insurrección o utilizar armas contra el Estado o una parte de la población. Para otros contenidos que promuevan delitos graves —como agresiones, robos o destrucciones capaces de alterar gravemente el orden público—, el plazo previsto es de hasta 24 horas.

Si las plataformas no cumplen con esas obligaciones, el Gobierno podría solicitar su bloqueo o la desindexación de sus servicios. La enmienda también ampliaría las competencias de **Pharos**, el servicio policial francés que recibe denuncias sobre contenidos ilícitos en internet.

El Ejecutivo sostiene que las redes sociales pueden facilitar la coordinación de acciones violentas y la difusión de convocatorias que deriven en saqueos o enfrentamientos. No obstante, la propuesta abre interrogantes jurídicos sobre los límites de la intervención estatal y la proporcionalidad de las restricciones.

Como antecedente, en 2025 el Consejo de Estado francés consideró desproporcionado el bloqueo de TikTok en Nueva Caledonia durante los disturbios de 2024, aunque dejó abierta la posibilidad de aplicar restricciones en circunstancias excepcionales.

### Refuerzan la seguridad ante nuevas convocatorias

El ministro del Interior, **Laurent Nuñez**, anunció que se reforzará el dispositivo de seguridad para las próximas manifestaciones. La decisión se produjo después de los disturbios del 17 de octubre, que provocaron saqueos y daños en distintas ciudades y llevaron a autoridades locales a imponer restricciones a las concentraciones y toques de queda parciales.

El conflicto también tiene repercusiones en el escenario político francés. La fuente de la información señala que la dirigente ultraderechista **Marine Le Pen** encabeza los sondeos de intención de voto de cara a las elecciones presidenciales previstas para la próxima primavera, en un contexto marcado por el malestar social y las preocupaciones sobre el mantenimiento del orden público.

Con nuevas movilizaciones previstas para los próximos días, el Gobierno de **Emmanuel Macron** intenta combinar concesiones en materia educativa con un endurecimiento de las medidas contra los disturbios y la difusión de contenidos ilícitos en internet.

Por ahora, el rechazo de sindicatos y estudiantes muestra que los anuncios no han conseguido desactivar las protestas. El conflicto, que comenzó en los centros educativos, se extendió a otros sectores afectados por el costo de vida y el deterioro de los servicios públicos, y mantiene abierto el debate sobre la financiación de la educación, las libertades públicas y el alcance de las facultades del Estado.

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