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title: "El conflicto con la prensa crece y acumula críticas en organismos internacionales y en tribunales"
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description: "El Gobierno sigue sin permitir el acceso a los periodistas acreditados en la Casa Rosada. Mientras tanto, organismos internacionales manifestaron su preocupación ante lo que consideran un “deterioro” de la libertad de expresión y de prensa en Argentina."
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date_published: "2026-04-28T13:23:00-03:00"
date_modified: "2026-04-28T13:26:40-03:00"
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# El conflicto con la prensa crece y acumula críticas en organismos internacionales y en tribunales

El Gobierno nacional sigue con su cruzada contra el periodismo. La polémica decisión de prohibir momentáneamente el acceso de los trabajadores de prensa acreditados a la Casa Rosada provocó el repudio de gran parte del arco político. El conflicto escaló a tal punto que **organismos internacionales manifestaron su preocupación y se activaron medidas judiciales para intentar revertir la medida**.

El pasado jueves, el secretario de Comunicación y Medios, **Javier Lanari**, aclaró en ese momento que la medida incluía**“quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada”**de manera preventiva, frente a la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal a dos periodistas de TN.

**“*El único fin es garantizar la seguridad nacional*”**, señaló el funcionario. Sin embargo, la indignación y el enojo repercutieron en distintos ámbitos de la comunicación y también en el Congreso.

Ese mismo día, la diputada nacional **Marcela Pagano**, que integró el bloque de La Libertad Avanza, decidió denunciar penalmente a Milei y Lanari, al jefe de Gabinete, **Manuel Adorni**, y al jefe de Casa Militar, **Sebastián Ibáñez**. La denuncia cayó en el juzgado de Sebastián Ramos.

“*Es un hecho inédito desde el retorno de la democracia. **La Casa Rosada no es propiedad privada y mucho menos un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a dicho edificio puede acceder la prensa***”, afirmó la legisladora desde su cuenta de X.

*X de Marcela Pagano*

Este lunes, **Pagano formuló una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)** por el ataque del Gobierno al periodismo y la imposibilidad de la prensa acreditada de ingresar a la Casa de Gobierno. "***Que no te mientan con ‘falsos espionajes’, van contra tu derecho a informarte*****"**, señaló la legisladora.

A su vez, Ámbito Financiero presentó un amparo contra el Estado nacional para que se restituya el acceso de sus periodistas a la Casa Rosada. La medida ya se tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10, a cargo del juez Walter Lara Correa.

La demanda judicial, que solicita una medida cautelar innovativa urgente y cuenta con el patrocinio del abogado constitucionalista Diego Armesto, fue realizada por **NEFIR SA** y **Editorial Amfin SA**, compañías responsables del medio. En ella se reclama que se habilite nuevamente el ingreso de las periodistas**Liliana Franco**y **Cecilia Camarano**.

El acto de censura repercutió a nivel internacional también. Este lunes, **Amnistía Internacional alertó a la CIDH por “el deterioro de la libertad de expresión y prensa en Argentina”**. La organización advirtió que, desde la asunción del presidente Javier Milei**, se consolidó un**clima de intolerancia estatal hacia la crítica, caracterizado por discursos estigmatizantes, desinformación, insultos, acusaciones de corrupción o criminalidad contra periodistas y medios**, y campañas de hostigamiento** amplificadas desde redes sociales y cuentas oficiales.

*“Una prensa independiente y crítica es un pilar indispensable del Estado de derecho. Cuando las agresiones provienen de las más altas autoridades del Estado, el impacto no se limita a las personas atacadas: se proyecta sobre todo el debate público y genera un efecto de silenciamiento”,*señaló **Mariela Belski**, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La organización también expresó preocupación por el **uso de acciones penales y civiles contra periodistas** como mecanismo de presión y disciplinamiento. En particular, advirtió sobre el uso de demandas estratégicas contra la participación pública —conocidas como SLAPPs— que, aun cuando no prosperen judicialmente, generan desgaste económico, emocional y profesional, y producen un efecto inhibitorio sobre otras voces críticas.

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